La Gerencia Regional de Control de Ica, bajo la dirección de David Quiroga Paiva, presentó un informe detallado sobre la situación de la seguridad ciudadana en la región. Este informe se enmarca en la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030 (PNMSC 2030), aprobada por el Decreto Supremo Nº 006-2022-IN.
Seguridad crítica
El informe revela datos preocupantes sobre el control gubernamental en la región. Según el Sistema de Control Gubernamental, actualizado al 1 de julio de 2024, se realizaron 311 controles en total, divididos en 3 controles previos, 228 simultáneos y 80 posteriores. En términos de responsabilidades, se identificaron 278 casos con presunta responsabilidad, distribuidos en áreas administrativas, civiles y penales. El monto auditado ascendió a S/31,940,707, con un perjuicio económico de S/8,162,243.
Uno de los informes emblemáticos destaca el riesgo en la inversión para la adquisición de equipos de criminalística en la Unidad de Investigación Criminal de Ica. La falta de personal especializado para manejar estos equipos, valorados en S/9,735,885, pone en riesgo la eficacia de la inversión. Además, se observó la falta de documentación y estudios de mercado adecuados que sustenten los costos de los equipos, generando preocupación sobre la transparencia y eficiencia en la gestión de recursos.
El operativo de seguridad ciudadana reveló serias deficiencias en 22 municipalidades de la región. Se identificó la inoperatividad de cámaras de videovigilancia en 15 municipios, siendo el caso más crítico el de la Municipalidad Provincial de Chincha, donde ninguna de sus 23 cámaras funciona. Además, varias municipalidades carecen de centros de videovigilancia y telecomunicaciones, lo que compromete la efectividad de la seguridad local.
Se advirtió que 15 alcaldías no cuentan con equipamiento de protección adecuado para el personal de serenazgo. Además, 14 municipalidades no han elaborado su plan específico de seguridad ciudadana para 2024, lo que afecta la coordinación y efectividad de las acciones de seguridad. Otras deficiencias incluyen la no instalación de comités de seguridad y la falta de mantenimiento de cámaras, entre otros problemas.
Las visitas de control a 11 comisarías de la región evidenciaron graves carencias en equipamiento y operatividad. Muchas dependencias carecen de varas de ley, chalecos antibalas, alcoholímetros y radios móviles. La mayoría de las comisarías tienen vehículos inoperativos, lo que limita el patrullaje. Además, ninguna de las comisarías visitadas cuenta con instalaciones adecuadas para personas con discapacidad.
El informe concluye que la falta de planificación y recursos adecuados en las municipalidades y comisarías de Ica compromete la seguridad ciudadana. Recomienda una revisión exhaustiva de las adquisiciones y una mejora en la capacitación del personal. Además, insta a la implementación de planes específicos de seguridad y que se realicen mantenimientos periódicos de los equipos para garantizar su operatividad. La cooperación entre municipios y la difusión de información relevante, como el mapa del delito, son esenciales para mejorar la seguridad en la región.
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