Cientos de ciudadanos de Marcona tomaron las calles para exigir respuestas ante la creciente ola de violencia que azota el distrito. La protesta, realizada frente a la municipalidad, se desencadenó tras el asesinato de un menor de 17 años, víctima de un presunto secuestro y posterior homicidio a manos de sicarios.
Abandono y delincuencia
El caso del adolescente secuestrado y asesinado tras el impago de un rescate de 2,000 soles se convirtió en el símbolo de la crisis de seguridad en Marcona. Los manifestantes denunciaron la falta de acciones concretas por parte de las autoridades municipales, señalando que las cámaras de seguridad no funcionan y que la respuesta policial es insuficiente. “No más extorsiones ni sicariato”, se leía en algunos de los carteles exhibidos en la protesta, donde también se pedía la instalación permanente de una oficina de Migraciones para regular la situación de extranjeros en el distrito Nasqueño.
Sin embargo, la inseguridad no fue el único motivo de la movilización. Los ciudadanos también expresaron su descontento por la deficiencia en servicios básicos como agua, alumbrado público y recolección de residuos. Pese a que Marcona genera importantes ingresos por la minería y la pesca, sus habitantes denuncian vivir en condiciones precarias. La falta de inversión en infraestructura y la ausencia de fiscalización efectiva sobre las empresas mineras han generado un profundo malestar entre la población.
El descontento con una de estas empresas fue uno de los puntos más álgidos de la manifestación. Los pobladores acusaron de interferir en la política local y de afectar el medio ambiente con su actividad extractiva. “Marcona es del Perú, no una colonia china”, expresaron algunos manifestantes, en rechazo a la supuesta injerencia de estas empresas en las decisiones del distrito. Además, se denunciaron presuntos abusos laborales y contaminación ambiental sin control ni sanción.
A la protesta también se sumaron gremios y organizaciones sociales, quienes suspendieron sus actividades para participar en la movilización. En un llamado a la unidad, los dirigentes locales propusieron elevar un memorial al Gobierno central y al Ministerio del Interior, exigiendo la llegada de agentes especializados en investigación criminal y la identificación de presuntos delincuentes que operan en el distrito. La demanda de seguridad se unió a la exigencia de una supervisión estatal a la empresa minera para evaluar su impacto ambiental y sus prácticas laborales.
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