El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica ordenó la excarcelación de todos los integrantes de la organización delictiva “”, red que controlaba el 95 % de la distribución y en la provincia de Ica.

Se ordenó el cese de la prisión preventiva y la comparecencia con restricciones contra María Angélica Gonzáles Falcón, Rosario Piedad Carhuayo Huasasquiche, Freddy Alcalá Choque, Magaly Miriam Lovera Cáceres, César Demetrio Ramos Ramírez, Nestor Ademir Rivera Euribe, María Ysabel Huachua Gonzáles, Diana Carolina Huachua Gonzáles, Rosario Amparo Huachua Choque, Ana Lilia Ramos Choque, Edgar Nemesio Enciso Ramos, María Elena Chalco Huanco, Ángélica Ramos Huallpa, Elías Teodoro Astorga Espino, Angelica Rosmery Espino Ramos, Roberto Carlos Cruz Chacaliaza, Denis Alexander Espino Astorga, Ángel Herlez Serafin Cordero Espino, Cristian Daniel Ramos Peña, Juan Antonio Ramos Peña, Juana María De la Cruz Pallín, Jualiana Jannet Farfán De la Cruz, Óscar Piscoya Rueda, Fiorella Lissette Farfán De la Cruz, Milton Jack Montalván Trujillo, Hilda Soledad Gutiérrez Astorga, Irbis Manuel Huachua Gutiérrez, Jorge Luis Gutiérrez Astorga, Soledad Elvira Cabrera Pacheco, Javier Martín Tipismana Huasasquiche y Luz Clarita Espino Huachua. Los 31 integrantes de la banda desarticulada el 17 de agosto del 2018 serán puestos en libertad por exceso de carcelería.

Hechos del delito

Aquel año, el Segundo Despacho de la Fiscalía de Crimen Organizado de Ica, a cargo de la fiscal provincial Roxana Patricia Ramos Rodríguez, con el apoyo de la Unidad Especializada de la Policía Nacional del Perú, División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac-Ica) se detuvieron a 48 de los 54 integrantes de la organización criminal “Los intocables de Ica”, que en el sector conocido como “La Perrera”, donde se dedicaban al tráfico ilícito de drogas.

Luego de la detención preliminar, el despacho fiscal en mención, solicitó la prisión preventiva para los integrantes; y el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, aceptó el pedido por el plazo de 36 meses. Después fue ampliado a 12 meses más, para asegurar una sentencia condenatoria.

La liberación se debe a la deficiente acusación del Ministerio Público y al nulo trabajo de la fiscal Mabel Alejandrina Alarcón Escate, fiscal adjunta, quien era la responsable del caso, para desarrollar con celeridad las audiencias en el juzgamiento. Dicha fiscal fue excluida del proceso en el expediente 03239-2018-988 debido a los constantes errores que cometía en el desarrollo de las audiencias, recibiendo diversas exhortaciones por parte de los jueces que conforman el Juzgado Penal Colegiado de Ica, a fin de que se prepare y conozca su caso y proceda argumentar sus pruebas de manera entendible y articulada por tratarse de una organización criminal.

El hecho motivó que la fiscal superior Alicia Villaverde Palomino, la excluyera por series de deficiencias y designará a la fiscal provincial Roxana Ramos, quien en audiencias anteriores se negaba asistir a las sesiones a solicitud de los jueces del colegiado, a que se hiciera a cargo del caso y así poder realizar audiencias maratónicas para lograr terminar el juicio oral, pero sucedió todo lo contrario. Dicha fiscal provincial provisional fue a la audiencia el 5 de agosto último, dijo que no conocía el caso, que no estaba preparada, cuando era la fiscal provincial y ella había firmado la acusación, y sobre todo fue la que realizó el operativo hace cuatro años atrás. Pide suspender la audiencia  por 15 días más, pese a tener conocimiento que iban a excarcelar a casi todos los miembros de la organización criminal el 17 de agosto de este año.