La violencia relacionada con la minería en el norte de Perú, y en particular en la región de La Libertad, ha dejado de ser un fenómeno aislado para convertirse en un síntoma evidente de fallas estructurales del Estado, de captura territorial por redes criminales y de un profundo conflicto por la tierra que supera la lógica tradicional de negociaciones y concesiones formales.
Arrasan con todo
Lo ocurrido en la provincia de Pataz, uno de los principales corredores auríferos del país, cimbró al país en 2025: trece trabajadores contratados para labores de seguridad en una mina fueron hallados asesinados, secuestrados y ejecutados por grupos criminales con vínculos con la minería ilegal, en un episodio que obligó al gobierno a declarar suspensión temporal de la minería y a desplegar medidas excepcionales de seguridad bajo estado de emergencia.
Esta masacre fue apenas uno de varios episodios mortales que han marcado la llamada “guerra del oro” en los Andes peruanos.
El exconsejero por Trujillo y expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz Díaz, sostiene que la violencia en Pataz y en otras zonas de La Libertad no se explica únicamente por disputas laborales o económicas de pequeña escala, sino por una captura del territorio por parte de estructuras criminales que han convertido las minas y sus alrededores en espacios de disputa armada. “Estas organizaciones criminales han llegado a controlar cientos de galerías subterráneas, imponiendo ‘derechos de paso’ y apropiándose de la extracción de oro, en muchos casos con armamento de alto calibre y redes de extorsión bien estructuradas”, sostiene.
Los testimonios y análisis de especialistas, como Greco Quiroz, muestran que, en Pataz y zonas vecinas, la minería ilegal no solo se disputa con las autoridades, sino entre distintos grupos criminales que buscan consolidar territorios de extracción. “En algunos casos, estas bandas han ejecutado atentados contra infraestructuras formales —como torres de alta tensión— y han protagonizado emboscadas con rehenes y asesinatos, en un ambiente donde el despojo de tierras no se formaliza con documentos sino con dinamita y fusiles”, advierte.
Desde inicios de 2024, la provincia de Pataz ha estado bajo estado de emergencia, con un importante despliegue de fuerzas policiales y militares. Sin embargo, autoridades locales han denunciado que esta medida no ha sido suficiente para detener la violencia ni recuperar el control territorial.
Un informe técnico difundido en 2025 por CooperAcción revela que, en los últimos cuatro años, más de 33 000 volquetes cargados con 674 160 toneladas de mineral aurífero salieron de La Libertad sin control estatal ni trazabilidad económica, con un valor estimado superior a US$ 3 500 millones. Además se indica la existencia de al menos 52 plantas de procesamiento de minerales operando sin supervisión efectiva en La Libertad.
Policías cómplices
Cajamarca, la disputa ya no es solo jurídica o ambiental: es territorial. Y, según un informe de situación fechado el 16 de febrero de 2026, la minería ilegal ha consolidado un esquema de captura de rentas y control de tierras que replica el patrón violento observado en Pataz (La Libertad).
Las provincias de Cajabamba, Celendín, Cajamarca, Hualgayoc y San Ignacio concentran hoy los principales focos de actividad ilícita. Pero el dato más grave no es la extensión geográfica, sino la naturaleza del control. De acuerdo con declaraciones recogidas por el gerente regional de Recursos Naturales, Sergio Sánchez Ibáñez, y el subgerente Antony Sánchez, en zonas como Tandayoc y Sinchao (Hualgayoc) la presencia de la Policía Nacional no estaría orientada a interdicción efectiva, sino a brindar resguardo a operaciones particulares. La hipótesis que emerge del informe es alarmante: un fenómeno de “policía-socio”, donde efectivos mantendrían investidura oficial mientras participan como propietarios o capitalistas de socavones ilegales.
En Sinchao, las denuncias por contaminación y desvío de aguas no han derivado en sanciones sostenidas. Campesinos entrevistados en la zona describen cómo las patrullas que deberían fiscalizar terminan custodiando el ingreso de mineral. Si el ejecutor de la ley es también beneficiario de la renta ilícita, la denuncia pierde eficacia antes de formalizarse. El resultado es un círculo cerrado de impunidad.
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