El 5° Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante notificación N° 343700-2024-JR-PE, del 02 de setiembre del 2024; emitió una resolución sobre la problemática de contaminación ambiental por aguas residuales en La Residencial La Angostura (Ica).
Situación legal
“Visto: El requerimiento de suspensión inmediata de actividades contaminantes, presentado por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ica; en los seguidos en contra de los directivos de la Asociación de Residentes de la Angostura- ARLA: Ronald Oswaldo Romero Cárdenas (presidente), Carlos Alberto Begazo Uribe (vicepresidente), Vilma Esther Díaz Alvites (secretaria de actas y archivo), Bertha Graciela San Miguel Vargas (secretaria de economía), Saturnina Donata Guillen Guillen (secretaria de cultura y deporte), Rey Teodoro García (secretario servicios comunitarios), por el presunto delito de contaminación ambiental, en agravio del Estado, Procuraduría Especializada en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente”, se lee.
Por ello, ese Juzgado del Poder Judicial resolvió declarar fundada la medida de cautelar anticipada de urgencia ambiental, solicitada por la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Ica, en contra de la Asociación de Residentes La Angostura y se ordena la suspensión de la actividad contaminante de vertimiento de aguas residuales por el ARLA en la ciudad de Ica, lo que conlleva a suspender su actividad de administración de los servicios de suministro de agua potable y servicio de alcantarillado, por el plazo de seis meses.
Asimismo el fallo judicial ordena como órgano de auxilio judicial a la Municipalidad Provincial de Ica y a Emapica, a fin que garanticen la prestación del servicio de suministro de agua potable y servicio de alcantarillado a los pobladores afectados con la presente medida, para lo cual se habilita que, en auxilio de ello, efectúen la administración de los sistemas preexistentes, previa información y concientización con los usuarios de dichos sistemas, a la brevedad, y con participación del Ministerio Público. Finalmente se continúa una investigación en contra de los directivos de la Asociación de Residentes de la Angostura- ARLA, por el presunto delito de contaminación ambiental.
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