La Contraloría General detectó que entre los años 2019 al 2022, en la gestión de Juan Enrique Mendoza Uribe, los funcionarios y regidores de la Municipalidad Provincial de Pisco (MPP), elaboraron y aprobaron irregularmente ordenanzas que otorgaron descuentos para el pago de deudas no tributarias por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito de tipo leve, grave y muy grave. Ocasionaron un perjuicio económico por más de 977 mil soles.
Múltiples irregularidades
De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 033-2024-2-0409-AC, el municipio recepcionó papeletas de infracción de tránsito impuestas por la Policía Nacional del Perú para que continúe con el proceso sancionador y efectúe la recaudación de los recursos provenientes del pago de estas multas. Sin embargo, la institución municipal realizó una serie de descuentos, pese a que no tenía competencia para disponer dichos descuentos. Por ello, se generó un perjuicio económico de S/ 977 244.
Contraloría informó que la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre estipula que las municipalidades solo pueden emitir normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales en materia de transporte y tránsito terrestre dentro de su ámbito territorial y no están habilitadas para realizar descuentos de las referidas multas.
Asimismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial, precisa que para que las municipalidades provinciales puedan decretar amnistías, reducciones o condonaciones de las papeletas por infracciones de tránsito, requieren de la habilitación legal a través de una norma con el rango correspondiente que le otorgue competencia.
Pese a que la norma es clara, el Municipio de Pisco, desde el año 2019 hasta el 2022, elaboró y aprobó cinco amnistías para infracciones de tránsito impagas, mediante cinco ordenanzas municipales. Con una de ellas, vigente desde el 8 de febrero del 2019 por 60 días, se dispuso un pago único de S/ 25 para sanciones leves, S/ 50 para sanciones graves y S/ 100 para las calificadas como muy graves, con ciertas excepciones.
Mientras que, en los cuatro restantes, se aprobaron descuentos por importes que estaban por debajo de lo establecido en el Reglamento Nacional de Tránsito. Bajo este beneficio, se cancelaron 2 mil 677 papeletas y la entidad solo recaudó 174 mil 273 soles, cuando la cifra a cobrar debió ser de 1 millón 151 mil 518 soles.
En este caso están comprendidos con presunta responsabilidad civil 19 servidores públicos, entre regidores y funcionarios. A cinco de estos servidores también se les identificó presunta responsabilidad administrativa.
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