La población del asentamiento humano Nueva Villa, ubicado en el distrito de Vista Alegre, en la provincia de Nasca, permanece sin acceso regular a agua potable pese a una espera que supera las tres décadas. En los últimos días, la situación ha cobrado notoriedad no por avances sostenidos, sino por un conflicto entre autoridades locales que ha puesto en evidencia la falta de articulación institucional para resolver una necesidad básica.

Desacuerdo de alcaldes

La noche del 17 de marzo, el alcalde provincial de Nasca, Jorge Bravo, ingresó a la cámara de rebombeo destinada al abastecimiento de diversos sectores del distrito, asegurando que el recurso hídrico disponible permitiría atender a poblaciones históricamente excluidas del servicio. Durante su intervención, sostuvo que el agua cumple condiciones para el consumo humano y que su utilización permitiría reducir la dependencia de camiones cisterna en Nueva Villa.

“Esta agua es para los asentamientos humanos que nunca tuvieron agua. Los vecinos de Nueva Villa ya no tendrán que comprar agua en cisternas; además, es agua certificada, potable”, afirmó. No obstante, reconoció que el sistema aún no cuenta con redes de distribución operativas hacia los domicilios: “Falta la etapa de distribución a las viviendas, pero existe el compromiso de rehabilitar las redes clausuradas o deterioradas”.

El ingreso a la infraestructura generó la reacción de la Municipalidad Distrital de Vista Alegre. Una representante de la Procuraduría Municipal, acompañada por efectivos de la Policía Nacional, realizó una constatación en el lugar, señalando que la instalación constituye un bien estatal bajo administración distrital y que cualquier intervención debe sujetarse a los procedimientos legales correspondientes.

“Es un bien del Estado y se han realizado las verificaciones pertinentes. Se ha solicitado una constatación policial y se procederá conforme a ley”, indicó la funcionaria.

El episodio ha profundizado las diferencias entre ambas gestiones. De acuerdo con información difundida públicamente, el alcalde de Vista Alegre, Roger Sarmiento, evalúa acciones legales contra su homólogo provincial por el ingreso a la cámara de rebombeo sin autorización.

La tensión se evidenció nuevamente el 18 de marzo, cuando ambas autoridades acudieron a las instalaciones de la EPS Emapavigsa, aunque sostuvieron reuniones por separado. Posteriormente, en los exteriores, protagonizaron un intercambio de declaraciones que reflejó la ausencia de consensos técnicos y políticos.

El alcalde provincial cuestionó la falta de diálogo directo entre ambas partes: “Esa es la cobardía, que no se puede sentar en una mesa de trabajo”. En respuesta, el alcalde distrital defendió la competencia de su jurisdicción y cuestionó la intervención realizada.

“El hecho de ser alcalde provincial no lo faculta a ingresar a un predio que corresponde a la Municipalidad de Vista Alegre. Por ello se ha realizado la denuncia correspondiente”, sostuvo Sarmiento. Asimismo, enfatizó la necesidad de garantizar condiciones técnicas adecuadas antes de habilitar el servicio: “El objetivo es que la población tenga agua apta para consumo humano; no se puede generar expectativas sin sustento técnico”.

Por su parte, el alcalde de Nasca reiteró que la prioridad debe centrarse en el acceso inmediato al recurso disponible: “El agua está ahí, no estamos engañando a la población. La solución es utilizarla en beneficio de quienes no la tienen”.

Desde la Municipalidad Provincial de Nasca se informó que se evalúa una transferencia parcial de la administración de la cámara de rebombeo y el reservorio en un plazo aproximado de 30 días, lo que permitiría iniciar el suministro bajo supervisión técnica. Sin embargo, la transferencia total dependería de procesos administrativos más complejos y de mayor duración.

Mientras tanto, la población de Nueva Villa continúa a la espera de una solución concreta. La falta de acuerdos entre niveles de gobierno y la persistencia de disputas administrativas mantienen en suspenso el acceso a un servicio esencial, en una comunidad que, por más de 30 años, ha enfrentado condiciones precarias de abastecimiento del recurso hídrico.

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