La obra de los contenedores soterrados en Nasca, con un valor que supera los 9 millones de soles, ha desatado una intensa polémica entre la comunidad y las autoridades. Considerada una de las iniciativas más costosas bajo la gestión del alcalde Jorge Bravo, el proyecto pretende mejorar el sistema de limpieza con la instalación de 35 contenedores soterrados. Sin embargo, ha enfrentado un rechazo considerable, especialmente por parte de la comunidad de Amaporovi, que lo considera inviable.
Irregularidades detectadas
A pesar de la oposición, la municipalidad de Nasca y el consorcio Tallín, encargado de la obra, han seguido adelante con las instalaciones en zonas como la Avenida Circunvalación, Buenafé y Cajuca. En esta última, algunos residentes han expresado su preocupación y rechazo, cuestionando la viabilidad del proyecto y la falta de consenso con la población afectada.
En sesión de consejo, el regidor Nils Guamantumba presentó documentos que revelan presuntas irregularidades en la oferta del consorcio Tallín. Entre las preocupaciones destaca el certificado de experiencia laboral de la ingeniera Kiara Hernández Paredes, que se presenta como responsable de calidad en una obra en Vistalegre. Sin embargo, las fechas del certificado no coinciden con las de la aprobación de la obra, lo que sugiere la posibilidad de falsificación. Además, la empresa que emitió el certificado, Jyayer Civil Electromecánica SAC, no tenía licencia para contratar con el Estado en 2020, lo que aumenta las sospechas.
El consorcio Tallín, único postor en la licitación está formado por Constructora Servicios Generales de la Construcción Cromacón SAC y Constructora y Servicios Generales Sol y Duna SAC. Esta última ha estado involucrada en investigaciones anteriores, incluyendo casos relacionados con el exalcalde de Vistalegre, José Luis Gutiérrez Cortés, por irregularidades en la obra de Marcona.
Ante esta situación, el alcalde Jorge Bravo y su equipo deben reconsiderar la continuidad del proyecto y evaluar alternativas más adecuadas en colaboración con la comunidad.
La regidora Diana Cotaquispe ha enfatizado la necesidad de proteger los intereses y recursos de la municipalidad, señalando que las irregularidades detectadas podrían llevar a una obra inconclusa, en perjuicio de la población. “Es una informalidad que no corresponde a lo planificado en el expediente técnico. Debemos actuar con diligencia para proteger los recursos de la municipalidad”, afirmó.
Con solo un 2,9% de avance, equivalente a unos 274 mil soles de un total de casi 9,5 millones de soles, la obra se encuentra en una etapa inicial. La detección de irregularidades en esta fase temprana marca la importancia de detener el proyecto si las sospechas se confirman. Al respecto, el alcalde Jorge Bravo declaró: “Si se comprobara una vez haciendo la denuncia, definitivamente. No quiero adelantar juicios, primero que se haga la investigación y que el procurador haga la denuncia”.
En la última sesión del Consejo, el 27 de agosto, se formó una comisión investigadora, presidida por la regidora Milagro Salazar, para profundizar en las presuntas irregularidades en la documentación presentada por el consorcio Tallín. Paralelamente, la Contraloría también llevará a cabo su propia investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
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