La Contraloría halló irregularidades en el Hospitalen su Informe de Control Específico N° 008-2024-2-0659-SCE dio a conocer de un presunto caso de, donde se adquirió tres refrigeradoras pagando más del doble del precio real, además, se informó de irregularidades en la contratación del servicio.

Observaciones

Según la documentación del Órgano de Control, el hospital mediante la orden de compra – guía de internamiento N° 0000479 adquirió de la proveedora Bertha Valdivieso, tres refrigeradoras para el servicio de laboratorio de las áreas de bioquímica, microbiología e inmunología por el importe de 16 284 soles -valor estimado por encima del precio de mercado-, y que fue determinado utilizando como fuente una cotización carente de valor.

Asimismo, el informe dice que existió el inicio del plazo de ejecución contractual y otorgó conformidad antes de la entrega de los bienes, los cuales habrían sido entregados con posterioridad al plazo otorgado y sin cumplir con la entrega de garantía contra defectos de fábrica de al menos 3 años, situaciones que permitieron que la entidad se perjudique económicamente por S/ 9 387, puesto que la citada proveedora adquirió los bienes a S/ 6 897. Además, se permitió la inaplicación de penalidades por mora por 407.10 soles, correspondiente al periodo del 23 de mayo al 29 de agosto del 2023.

El Órgano de Control menciona a cuatro funcionarios que estarían involucrados en la compra de las tres refrigeradoras a precio sobrevalorado. Ellos son Roger Rosario Chuquihuaccha Chuquihuaccha (jefe del Servicio de Laboratorio), Carmen del Pilar Hernández Franco (jefa de Adquisiciones), Miriam Marleny Vega Huayhuas (jefe de la Unidad de Logística) y Diosvert Javier Choque Crispín (jefe de Almacén).

Finalmente, el OCI recomienda la realización del procesamiento de los funcionarios involucrados y servidores públicos del Hospital San Juan de Dios de Pisco, comprendidos en los hechos observados e iniciar acciones penales a los investigados en los probables hechos de irregularidad. Estas situaciones afectan la eficiencia, legalidad y transparencia de la contratación pública, así como la probidad con la que deben actuar los servidores públicos, ocasionando que el hospital adquiera bienes por más del doble del valor de venta.

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