Las autoridades que integran la Instancia Provincial de Concertación para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Pisco realizaron su séptima sesión ordinaria del año en el distrito de Túpac Amaru Inca, donde evaluaron los avances alcanzados durante el primer semestre y definieron nuevas acciones para fortalecer la protección de la población vulnerable.
Trabajo conjunto
La jornada reunió a representantes de los gobiernos locales, Policía Nacional, Ministerio Público, Centro de Emergencia Mujer, sector Salud, Educación y otras instituciones vinculadas a la prevención y atención de casos de violencia familiar, quienes expusieron los resultados obtenidos en sus respectivas jurisdicciones.
Durante la sesión se presentó el reporte de incidencias y actividades ejecutadas en los primeros seis meses del año, así como el nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada una de las instancias distritales para reducir los índices de violencia contra la mujer, niños, niñas, adolescentes y otros integrantes del grupo familiar.
El presidente de la instancia y alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, destacó que uno de los principales objetivos es fortalecer el acompañamiento a las víctimas de violencia física y psicológica para que puedan recuperar su tranquilidad y acceder oportunamente a los servicios de protección del Estado.
Asimismo, informó que uno de los proyectos más importantes que impulsa la instancia es la construcción de una casa refugio para mujeres víctimas de violencia. Según precisó, ya se cuenta con un terreno identificado en el distrito de San Andrés y actualmente se realizan los trámites administrativos necesarios para gestionar el financiamiento de la futura infraestructura.
El burgomaestre resaltó además que las sesiones se desarrollan de manera descentralizada en los diferentes distritos de la provincia con el propósito de conocer de cerca la problemática de cada localidad y adoptar decisiones conjuntas que respondan a las necesidades específicas de la población.
Como parte de la agenda, especialistas de la Unidad de Medicina Legal del Ministerio Público brindaron una asistencia técnica dirigida a operadores de justicia y funcionarios públicos sobre los procedimientos de atención y orientación a las víctimas, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de intervenir en estos casos.
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