Lleva poco más de 100 días en el sillón regional y ya existiría un posible complot para vacar o remover a Jorge Hurtado Herrera del cargo de gobernador regional de Ica. Su posible destitución se acrecentó aún más tras el rompimiento del diálogo con la vicegobernadora, Luz Canales Trillo.
El pasado 22 de marzo, el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, Miguel Díaz Chirinos se trajo abajo ese posible complot que consistía en la denuncia de dos colaboradores de identidad reservada que habían denunciado colusión, tráfico de influencias, peculado y organización criminal.
Dos días antes, el fiscal provincial de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ica, Alexander Pérez López solicitó al Poder Judicial el levantamiento del secreto de las comunicaciones. el juez Díaz Chirinos rechazó la interceptación telefónica solicitada a Hurtado Herrera, Carlos Zegarra Sánchez, Ana Paola Bendezú Flores, Ysabel Napa Pérez, Aracelli Valentín Meza, María del Rosario Gamonal Ramos, Sara Belly Torres Gutiérrez, Ángel Macazana Ordoñez, Hernán Herrera Morán, Regis Blanco Tipismana, Rómulo Triveño García, Alexander Sotelo Luna, Luis Alberto Castro Makabe y otros. El pedido de “chuponeo telefónico” era para 28 personas.
El génesis de la investigación fiscal tiene que ver con la denuncia interpuesta por el testigo de identidad reservada TR-01-2023-FECOF Ica que “cuestiona el financiamiento del Movimiento Político regional Uno Por Ica”.
Asimismo denuncia presuntos actos de corrupción en la Dirección Regional de Transportes de Ica y la Dirección Regional de Salud. Por dicho motivo, la Fiscalía abrió investigación preliminar contra Hurtado Herrera y Zegarra Sánchez. Según la denuncia anónima, “pretenden enquistarse” en el gobierno regional. En la investigación fiscal, también está las declaraciones del testigo anónimo TR-02-2023-FECOF-Ica.
“Del análisis de los hechos expuestos, así como de los medios probatorios que apareja, únicamente se trata de conjeturas o simple suposiciones huérfano de datos fácticos objetivos o concretos que lo fundamenten. Un relato policial sin indicios”, dice un extracto del documento judicial que rechazó la interceptación telefónica.
El pedido de interceptación telefónica también alcanzaba a los gerentes de Reyser Contratistas Generales SAC, Garjak Sociedad de responsabilidad Limitada, Ingeniería y Construcción Máximo SAC, Minera Carlos V EIRL, Titón EIRL, WAP Inversiones y Construcciones EIRL, Servicios de Maquinarias Santos EIRL.