Dispuestos a todo. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses del centro poblado El Carmelo, y secretario de organización de las Rondas Campesinas de la provincia de Virú, Alberto Ponte García, dijo que ni bien se declare el estado de emergencia por inseguridad están dispuestos a trabajar en coordinación con la Policía y el Ministerio Público, para desarticular a las organizaciones criminales que actualmente operan de manera impune en su jurisdicción.
El dirigente indicó que la medida de excepción debe comprender el apoyo con logística y mayor número de agentes para la Policía Nacional del Perú (PNP), ya que el objetivo debe ser allanar los centros de operaciones de las bandas delincuenciales y capturar a sus cabecillas.
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Apoyo
Alberto Ponte precisó que son al menos 800 ronderos, distribuidos en diferentes bases de toda la provincia de Virú, quienes están con la predisposición de sumarse a la tarea de erradicar a los criminales de su ciudad.
“La Policía sabe dónde operan las bandas y durante el estado de emergencia se tiene que ir junto a la Fiscalía para romperles las puertas y anular a los cabecillas. En los sectores de Santa Elena y El Carmelo se sabe dónde se ocultan esos delincuentes, y como población estamos dispuestos a apoyar a las autoridades para que su trabajo tenga éxito. Creo también que el Ministerio Público tiene que cumplir con su función y acusar a estos delincuentes, de tal manera que no puedan salir (libres) y regresar a delinquir”, manifestó.
Empresa
Asimismo, comentó que la empresa privada también debe sumarse a este trabajo.
“Tienen que respaldar con camionetas a la Policía. Virú era un pueblo tranquilo. Tú dejabas algo en la calle y allí amanecía. Ahora no, y eso tiene que ver también por el auge económico y por la presencia de empresas agroindustriales que llaman la atención de la delincuencia, que, incluso, viene de fuera y se apoderan de la provincia. Yo pienso que si hay más divisas, eso debe ir de la mano con mayor protección y eso tiene que ver con más logística para la Policía”, insistió.
En espera
Cabe recordar que el pasado 14 de junio, cansados del accionar delictivo de las organizaciones criminales en la provincia de Virú, el alcalde Javier Mendoza Torres, dirigentes de transportes, representantes del empresariado y rondas campesinas, se reunieron con el gobernador de la región La Libertad, César Acuña Peralta, para pedirle apoyo ante la ola criminal que los golpea.
Ese día se acordó que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana de La Libertad (Coresec) eleve una solicitud al Ejecutivo pidiendo la declaratoria de emergencia por inseguridad en la provincia de Virú, con la presencia de un fuerte contingente de las Fuerzas Armadas.
No obstante, el tiempo ha transcurrido y la decisión política aún no se ha tomado. Esto, a pesar que el gobernador indicó que el 26 de junio, durante el Consejo de Ministros, se daría el visto bueno a este pedido de la población de Virú.
Ante la demora, César Acuña alegó que el viaje de la presidenta de la República, Dina Boluarte, a China postergó el debate de la solicitud.
“Esto demuestra que las decisiones que se toman a nivel nacional para beneficiar a una determinada jurisdicción responde a intereses políticos más que a las necesidades propias de la intervención oportuna que se tienen que dar. Acá se tiene que seguir esperando”, cuestionó la consejera regional por la provincia de Virú, Edy Camacho Barreto en declaraciones a Soltv.
Extremo
Cabe indicar que el último jueves, en Chao, sicarios asesinaron a balazos a un ciudadano venezolano y dejaron herido a otro.
Mientras que el viernes, una banda de delincuentes fuertemente armados asaltaron la sede de Caja Sullana, en la provincia de Virú. Tras amenazar de muerte a clientes y trabajadores de la entidad de ahorro y crédito, se llevaron dinero, celulares, relojes y demás objetos de valor de sus víctimas. Ocurrió a plena luz del día.
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