El flamante alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, fue denunciado por haber usado “la banda presidencial” durante la ceremonia de juramento y asunción del cargo que se realizó el último lunes en el Teatro Municipal de la capital liberteña.
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La denuncia fue interpuesta por Carlos Tenicela Ninamango, experto en protocolo de Estado e Identidad Nacional. Él radica en Lima, pero ingresó la documentación ayer a las 3 a.m. ante la Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, a través de la Mesa de Partes Virtual.
Los hechos
Según la denuncia, el burgomaestre de Trujillo habría incurrido en los delitos de “ostentación de distintivos de función o cargos que no ejerce”, y “ultraje y menosprecio a los símbolos y valores de la patria”, así como “arrogarse grado académico que no le corresponde” y “demora de actos funcional”.
En diálogo con este Diario, Carlos Tenicela, quien se ha especializado en protocolo de Estado en las academias diplomáticas de Perú, Chile y España, indicó que el alcalde de esta ciudad ha incumplido normas “que cuidan las formalidades que se deben tener en cuenta para que una autoridad pueda realizar sus actividades oficiales, pero sobre todo, también, el uso de nuestros símbolos patrios y de nuestra identidad nacional”.
“Partiendo de esa premisa, lo que tenemos es que esta autoridad posee conductas delictivas porque el Código Penal establece un apartado específico sobre la defensa, los símbolos y los valores de la patria. Son tres artículos destinados a cautelar nuestra identidad nacional, que está constituida por varios elementos, entre símbolos, héroes, próceres que deben ser tratados con respeto y de forma adecuada”, agregó.
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Respecto al uso de la banda presidencial, el especialista explicó que según el artículo 8 del Decreto Supremo N° 096-2005-RE, “constituye la insignia del mando supremo que se impone al presidente de la República por ser quien constitucionalmente personifica a la nación”. “Para configurar el delito, yo tengo que ponerme la banda presidencial e irme a un acto público. Nada más”, agregó.
Tenicela recordó que durante el primer discurso de Fernández como alcalde de Trujillo, este deslizó la posibilidad de tentar en un futuro la presidencia de la República. “[...] Y si ustedes desean, cambiaré el Perú”, dijo la autoridad edil ante los asistentes. “Eso es aún más agravante”, comentó luego el especialista.
Una de las particularidades que mostró la banda usada por Fernández Bazán y que más llamó la atención fue una imagen del huaco erótico de Moche, figura que le dio mucha popularidad cuando era alcalde de ese distrito.
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“La adición de la imagen de un huaco erótico con la representación gráfica de un pene constituye un ultraje a los valores de la patria. Este hecho atenta contra la dignidad, honor y humilla en público a los símbolos de la nación y los valores de la patria que están representados en la banda presidencial y el Escudo Nacional”, se indica en la denuncia.
El experto en protocolo de Estado señaló además que en la banda utilizada por Arturo Fernández se reemplazó el Escudo Nacional por el de la provincia de Trujillo, lo que “evidencia que el denunciado no respetó el lugar que le corresponde o merece este símbolo de la patria en la banda presidencial”. “Yo no tengo nada contra el escudo de Trujillo, pero es un símbolo no igual”, agregó.
Más detalles
Sobre la denuncia por presuntamente arrogarse un grado académico que no le corresponde, Carlos Tenicela indicó que en la tarjeta de invitación que la municipalidad de Trujillo cursó a los invitados a la ceremonia de juramentación se trata a Arturo Fernández como “doctor”, grado académico que no posee. “Él es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia, según la misma Sunedu”, precisó.
El denunciante manifestó, además, que la nueva autoridad edil de Trujillo debió asumir funciones el 1 de enero y no el día siguiente. “La norma así lo establece. Él, al jurar el 2 de enero, ha dejado a la municipalidad con un vacío de poder, más de 24 horas sin alcalde ni regidores”, señaló.
Agregó que “en concordancia con el Código Penal, el funcionario público que, ilegalmente, […] retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días-multa”.
El abogado y exacandidato a la Alcaldía de Trujillo por Avanza País, Manuel Montoya Cárdenas, comentó que Fernández sí podría enfrentar un proceso penal por usar un distintivo que solo le corresponde al jefe de Estado. “Está tipificado en el artículo 362 del Código Penal”, puntualizó.
Este Diario intentó comunicarse con el burgomaestre Arturo Fernández, pero no respondió los mensajes.
En la mañana de ayer, la autoridad pasó por un polígrafo en el mismo palacio edil e invitó a sus funcionarios a hacer lo mismo, así como al gobernador César Acuña y al jefe de la región policial, general PNP, Augusto Ríos, quien lo ha denunciado por difamación.