La Libertad: Bonificación irregular a docentes generó S/ 300 mil de perjuicio a UGEL Ascope

La Contraloría General detectó que en la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Ascope, desde el año 2012 al 2021, se calculó y pagó la “Bonificación Especial Mensual por Preparación de Clases y Evaluación” (BEMPCE) considerando conceptos que están excluidos por norma expresa, a favor de al menos 12 docentes, ocasionando pagos en exceso por S/ 301 952,41 y el riesgo potencial por el monto ya reconocido en resoluciones directorales, que asciende a S/ 211 096,56 y está pendiente de pago.

El Informe de Control Específico N.º 001-2022-2-5342-SCE detalla que para el cálculo de la bonificación se tomaron en cuenta conceptos que no son base de cálculo, según el marco normativo. Es decir, se tomó en cuenta el ingreso total o bruto señalado en las boletas de pago, cuando la Ley del Profesorado N.º 24029 (modificada por la Ley N.º 25212) y su reglamento indican que la BEMPCE equivale al 30% de la remuneración total, que incluye la remuneración total permanente más conceptos remunerativos establecidos expresamente por norma.

Los responsables de las áreas que participaron en el cálculo y reconocimiento de la bonificación, en cumplimiento de mandatos judiciales y a solicitud de cada docente beneficiado, tramitaron los requerimientos hasta la emisión de la resolución directoral que reconoce el crédito devengado. Se trata de dos funcionarios y un servidor público que asumieron los cargos de jefe del área Gestión Administrativa (del 2012 al 2015) y Especialista Administrativo I-Responsable de Planillas (del 2012 al 2016).

La carencia de mecanismos de control que garanticen el correcto cálculo, reconocimiento y posterior pago de la BEMPCE originaron estos hechos, que fueron materia de control específico por parte del Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional La Libertad.

Por ello se ha recomendado al titular de la entidad que inicie las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, y al procurador público de la Contraloría General la ejecución de las acciones legales civiles contra las tres personas comprendidas en los hechos.