Sada Goray Chong, una adinerada empresaria trujillana, se vio en la obligación de dejar en octubre último la gerencia general de su propia compañía Marka Group por una denuncia que la vinculaba con el exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento Salatiel Marrufo, hoy preso.
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Esta semana, la misma empresaria sorprendió a todos al denunciar que le pagó a este exfuncionario del gobierno de Pedro Castillo 4 millones de soles. Todo como parte de una “extorsión” de la que dice era víctima.
¿Corrupción?
Eduardo Herrera Velarde, director ejecutivo del Consejo Privado Anticorrupción, está seguro de que el millonario pago buscaba un beneficio para la empresa de Sada Goray. Él descarta que ese pago se haya realizado por una extorsión.
“Sin duda alguna es un acto de corrupción porque se entrega dinero a un funcionario público. Ella está tratando de plantear que no lo hizo voluntariamente, sino obligada por las circunstancias. Para mí, en una extorsión, lo que te obliga a pagar a ti es una situación límite. Lo que pasa actualmente en el Perú, es que muchas personas se ven casi forzadas a pagar ese tipo de soborno”, indicó.
Sada Goray es socia de un exclusivo club en la urbanización El Golf, ubicada en el distrito de Víctor Larco Herrera, provincia de Trujillo. Además, tiene participación en por lo menos 20 compañías, en las que destaca como gerente general. Sin embargo, hoy, fuera de Trujillo, puso en marcha lo que parecería ser una estrategia para de paso desvirtuar cualquier acercamiento con funcionarios del entorno del presidente de la República.
“Esto califica como un acto de corrupción y por eso está siendo investigada”, añadió Herrera.
Versión de empresaria
La empresaria afirma haber entregado a la Fiscalía de la Nación toda la información que confirmaría su versión. En ese contexto, aseguró que no recibió ningún beneficio por parte del Estado. “No tenemos ningún beneficio del Estado, no tengo obras públicas, no soy proveedora del Estado”.
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Hay dudas
El exfiscal Alfredo Galindo Peralta afirma que el caso podría tipificarse dentro del delito de cohecho. Además, considera que resulta sospechoso que recién haya salido a denunciar este pago de 4 millones de soles.
“Se trata de un caso de corrupción de funcionarios, de un caso de cohecho. Y ahí tan responsable es quien pide como el que da. Acá la Fiscalía tiene que actuar contra los dos”, añadió.
El pago, según la empresaria, fue fraccionado en seis partes y entregado sistemáticamente durante casi un año.
“Hay muchos actos de corrupción y nadie dice nada. Lamentablemente, todo esto se ha politizado y aprovechan esta coyuntura política y por eso se habla del famoso ‘Gabinete en la Sombra’”, añadió el decano del Colegio de Contadores de La Libertad, Carlos Pastor Casas.