Tres de los presuntos cinco seguidores del suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, que intentaron ingresar a la fuerza al municipio, pateando la puerta y rompiendo sus vidrios, fueron denunciados ante el Ministerio Público por los supuestos delitos de disturbios y daños al patrimonio cultural. Ellos podrían recibir penas de hasta ocho años de cárcel.
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Los hechos
La tarde del miércoles, luego de la suspensión de la audiencia que se le sigue a Fernández por la denuncia de difamación que le planteó el arqueólogo Ricardo Morales, un grupo de personas que apoya a la sentenciada exautoridad llegó hasta la sede de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para protestar en contra del actual alcalde Mario Reyna Rodríguez.
Ellos intentaron ingresar a la fuerza a la comuna y para ello buscaron agredir al personal de seguridad, que se puso a buen recaudo dentro del palacio edil. Al no poder entrar al municipio, los manifestantes patearon la puerta, hasta romper una de sus lunas.
Todos estos ataques quedaron registrados por las cámaras de seguridad del local municipal y servirán de prueba durante las investigaciones para establecer a los responsables de estos daños, según indicó ayer el actual burgomaestre.
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Él confirmó que se procedió a denunciar ante el Ministerio Público a tres de los cinco inescrupulosos que encabezaron estos ataques. Las personas identificadas son Jhony Rengifo Panduro, Francisco Ali Velásquez Lucano y Peter Anderson Espínola Briceño.
“Estamos interponiendo la denuncia y esperemos que las autoridades del Ministerio Público tomen cartas en el asunto y las autoridades policiales procedan conforme a sus competencias de manera inmediata”, dijo.
Además, afirmó que una de las personas identificadas ya habría cometido otros hechos vandálicos en contra de un sereno, a quien habría pateado en la plaza de armas.
Mario Reyna también cuestionó el escaso apoyo policial durante las protestas, por lo que dijo que se reunirá con el jefe de la PNP en La Libertad, general José Zavala.
“Es la segunda o tercera vez que vienen manifestantes y la Policía no nos da la cobertura. Un día nos van a quemar el palacio municipal y solamente van a quedar lamentarnos (...). Si la Policía, la Prefectura y el Ministerio Público no pueden brindar garantías a una entidad tan importante como la municipalidad, qué va a poder brindarle (seguridad) a los ciudadanos”, acotó.
El gerente de Asesoría Jurídica de la MPT, Luis Gutiérrez, precisó que estas personas habrían incurrido en los delitos de disturbios —al haberse dañado un bien público— y daños contra el patrimonio cultural. Este último porque toda la infraestructura del municipio fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación el 2001.
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Penas
En el país, el delito de disturbios tiene una pena no menor de seis ni mayor de ocho años. En el caso de daños al patrimonio, quien lo cometa tendrá una sentencia no menor de dos ni mayor de cinco años.
