Dos funcionarios de confianza de la gestión que inició Arturo Fernández Bazán en la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) fueron sometidos a procesos administrativos sancionadores durante el paso que tuvieron en otras instituciones públicas.
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Ellos laboraron, entre el 2017 y el 2021, en dependencias en donde la Contraloría investigó y halló irregularidades. Para uno de ellos, incluso, se pidió que se le inicien acciones penales.
Ellos son
El alcalde Arturo Fernández, que está con licencia por salud, designó como gerente de Obras del municipio de Trujillo a Jaime Pérez Acosta, quien aparece en tres irregularidades detectadas cuando se desempeñó como gerente de Obras en la comuna de Víctor Larco.
Según el informe de control posterior 10338-2020-CG/GRLIB-AC, Pérez Acosta tuvo responsabilidad administrativa y penal en presuntas irregularidades detectadas en la obra de mejoramiento de los servicios educativos del colegio Santa Edelmira, en Víctor Larco, que se realizaron entre el 2017 y 2018.
El documento indica que el expediente técnico de la obra estaba sobrevalorado y que se evidenciaron “pagos por trabajos no ejecutados, deficientes y con cambios en sus especificaciones técnicas y metas”. También se aprobó la liquidación del contrato por un monto superior al real, lo que “generó que se contrate a un postor sin las condiciones solicitadas, que no se cumpla con el alcance y objetivo de la obra, así como un perjuicio económico a la municipalidad de S/ 8′186,203,54″.
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Asimismo, en el informe de control específico 043-2020-2-2057-SCE, emitido el 30 noviembre 2020, se le encontró responsabilidad administrativa por anomalías detectadas en el proceso de selección de la obra de mejoramiento del servicio de recreación en la plaza de armas de Vista Alegre, originando perjuicio por S/ 23,615.71.
Además, mediante informe 044-2020-2-2057-SCE, del 30 de diciembre de 2020, se detectó que tuvo responsabilidad civil y administrativa en el pago irregular que se hizo al supervisor de la obra de mejoramiento del ornato y recreación en el Paseo de las Aguas de la urbanización San Andrés. Acá se indica que se pagó al trabajador “a pesar que participó simultáneamente como supervisor en otra obra a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajabamba, lo que ocasionó perjuicio por S/ 25,688.00″.
La gerente de Desarrollo Urbano de Trujillo, Cynthya Lozano Tamay, también fue implicada en un informe de la Contraloría. Ella, el 2017, fue integrante del Comité Especial del municipio de Chicama que admitió la propuesta técnica para la obra de mejoramiento del servicio de agua potable e instalación del servicio de alcantarillado.
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Según el órgano de control, se “admitió la propuesta técnica del postor pese a que no cumplió con acreditar los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases integradas”. También se “vulneraron los principios de moralidad, imparcialidad y trato justo e igualitario que deben regirse las contrataciones públicas”.