Un total de S/ 1 millón 500 mil le han retenido de sus cuentas a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) debido a que los funcionarios de la actual gestión, que encabeza el alcalde Mario Reyna Rodríguez, no cumplieron con pagar las cuotas acordadas en una conciliación por la expropiación de un terreno.
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Urgencia
Esta situación obligó al burgomaestre a convocar ayer a una sesión extraordinaria de urgencia para definir junto a los regidores y el procurador de la MPT, Martín Salcedo Salazar, las acciones a tomar para poder revertir esta preocupante situación.
Según informó el propio procurador municipal, el caso se remonta a 2018.
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Los hechos
Ocurre que durante la gestión del desaparecido alcalde Elidio Espinoza Quispe, se decidió ejecutar una obra (apertura de una calle) que afectaba un terreno de propiedad de la Asociación de Vivienda del Golf.
Sin embargo, no se habría realizado previamente un proceso de expropiación adecuado y el caso fue judicializado por los dueños del predio.
Durante los siguientes años, con intervención de perito valuador de la Superintendencia de Bancas y Seguros, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, se determinó el área afectada y el monto que la MPT tendría que pagar, el mismo que ascendía a S/ 5 millones.
“Sucede que desde el 2020 a la fecha no hubo la decisión política para atender este caso y no lo sacaban adelante. Pero en el 2023 hablan con el alcalde (Arturo Fernández Bazán, hoy suspendido del cargo) y muestra interés en el tema y yo como procurador veo el asunto”, manifestó Martín Salcedo.
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Es así que tras un rápido proceso de negociación, que va entre octubre y diciembre de 2023, se acuerda extrajudicialmente que se pague ya no S/ 5 millones, sino S/ 3 millones a los afectados.
“Había la disponibilidad presupuestaria y se hizo un cronograma de pago en cuotas que debería iniciar el 2024 y finalizar el 2026. Se tenía que pagar S/ 83 mil mensuales y la primera cuota se tenía que hacer efectiva en marzo de 2024, pero no se ha hecho ningún desembolso por parte de la MPT y los afectados han acudido al Poder Judicial y se ha dispuesto el embargo de las cuentas por S/ 1 millón 500 mil”, precisó el procurador.
La regidora Sandra Trujillo dijo que es extraño la celeridad con la que se acordó conciliar y realizar el pago de S/ 3 millones.
Advirtió que elevará este caso a la Procuraduría General del Estado y a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
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