Según informe de control específico, dos proveedores no cumplieron con plazos y producto no fue revisado por especialistas.
Según informe de control específico, dos proveedores no cumplieron con plazos y producto no fue revisado por especialistas.

La revisó dos contratos relacionados con la adquisición de uniformes de verano e invierno para el personal masculino y femenino de la Zona Registral V de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) en Trujillo. Los procesos, que suman un total de S/ 225,604, involucraron a dos proveedores: Walter Quesquén Abanto, encargado de la entrega de uniformes de damas, y Cía. de Servicios General AGP, que proporcionó uniformes para caballeros.

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Detalles

En el primer contrato (a Walter Quesquén), por un monto de S/ 102,460, la Contraloría detectó que el proveedor no cumplió con los plazos establecidos para la toma de medidas y entrega de muestras de los uniformes de damas, tanto de verano como de invierno. A pesar de esto, se le otorgaron ampliaciones de plazo, lo que contraviene la normativa vigente. Además, se brindó conformidad a los bienes sin contar con la opinión de peritos especializados para evaluar la calidad de los materiales y el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

De manera similar, en el segundo contrato, correspondiente a los uniformes masculinos, se observó un incumplimiento en los plazos de entrega. También en este caso, las ampliaciones de plazo fueron otorgadas sin justificación adecuada y la conformidad se dio sin la evaluación de expertos en la materia. Esto resultó en un pago sin la aplicación de penalidades, ocasionando un perjuicio estimado en S/ 24,628.80, según el informe de control específico N° 024-2024.

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En lío

Entre los funcionarios identificados por la Contraloría, se encuentra Rosa Morán Canales, jefa de la Unidad de Administración, así como otros trabajadores vinculados a la Sunarp en Trujillo, como Jessy Díaz Quinta, Juan Aliaga Polo, Diana Valverde Rondo, Carlos Holguín Nacarino, Elizabeth Temoche Sánchez y Milko Paima Suárez.

Carlos Pastor Casas, jefe zonal de la Zona Registral N° V en Trujillo, afirmó que los implicados deberán explicar las presuntas irregularidades detectadas. “Desde nuestra gestión hemos solicitado el acompañamiento permanente de la Contraloría. Nosotros apuntamos a que la transparencia esté en todos los procesos de nuestra entidad”, dijo.

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