Gobernador Manuel Llempén dijo que elaborarán un plan que permita frenar el accionar delictivo en la región. Cifras no respaldan la medida, pues durante los últimos 90 días hubo 70 asesinatos, 49 de ellos perpetrados en las cinco provincias que tenían restricciones.
Gobernador Manuel Llempén dijo que elaborarán un plan que permita frenar el accionar delictivo en la región. Cifras no respaldan la medida, pues durante los últimos 90 días hubo 70 asesinatos, 49 de ellos perpetrados en las cinco provincias que tenían restricciones.

se desangró durante el tiempo que duró la emergencia por inseguridad ciudadana en cinco provincias de la región. Sin embargo, el gobernador Manuel Llempén Coronel anunció que en los próximos días insistirá para que el Ejecutivo vuelva a aplicar esta medida, pero ahora con un plan que permita hacerle frente al crimen organizado y que sirva para todas las jurisdicciones de este departamento.

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Estrategia

En esta región, en 90 días de restricciones, se perpetraron 70 asesinatos, de los cuales 49 ocurrieron en las cinco provincias en donde se dictó la medida excepcional. Estos homicidios elevaron a 145 las muertes registradas en lo que va del año.

Para cambiar esta triste realidad, Manuel Llempén planteó elaborar un plan operativo de seguridad para que, con ayuda de los congresistas, pueda sustentarlo en una sesión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Necesitamos un estudio, una evaluación y un plan específico, con personal de inteligencia en las calles. Es urgente recuperar la convivencia pacífica. La población no aguanta más”, afirmó.

Agregó que con este documento volverán a plantear la declaratoria de emergencia, pero ahora para toda la región, porque la sierra de La Libertad se ha convertido en el nuevo blanco de la delincuencia.

“La minería ilegal y las bandas delincuenciales ahora están en las provincias del ande, donde hay trata de personas y un subregistro de crímenes. Las organizaciones delictivas no solo brindan protección, sino que están incursionando directamente en la explotación minera ilegal”, indicó.

En el plan, asimismo, se solicitaría la llegada de más agentes para reforzar las dependencias policiales. Recordó que la región necesitaría contar con 8,000 efectivos; pero solo cuenta con la mitad de ese número de policías.

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Además, Llempén respondió por las críticas de los alcaldes distritales, que consideraron que la emergencia no ayudó a frenar el accionar delictivo. Él justificó los pocos resultados afirmando que “sin un plan operativo específico, recursos logísticos, presupuesto y personal de inteligencia, es poco lo que se pudo avanzar”.

Para el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, en tanto, la emergencia no habría tenido los resultados esperados por la desidia del Gobierno. Él aseguró que si se hubiera invertido en patrulleros y equipamiento para las comisarías otra sería la realidad.

También criticó al actual ministro del Interior, Dimitri Senmache, de quien dijo vino a Trujillo solo para “pasearse”. En ese sentido, le lanzó un ultimátum y le advirtió que “si en 48 horas no hay acciones concretas ni atiende la problemática de la inseguridad, pediré su cambio al presidente”.

Así nos fue

El sábado 26 de marzo, el gobierno del mandatario Pedro Castillo Terrones publicó el Decreto Supremo 027-2022-PCM, que establecía la emergencia por 45 días en las provincias de Trujillo, Pacasmayo, Chepén, Virú y Ascope. Esta medida, el 10 de mayo, fue ampliada por 45 días más, a fin de lograr controlar la incursión de la delincuencia.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, pues el mismo día que se establecieron las restricciones el hampa respondió con una ráfaga de balas. Es así que esa misma noche asesinaron a Wilder Lozano Santamaría (33), en el centro poblado Alto Trujillo, en el distrito de El Porvenir.

Luego continuó corriendo la sangre, lo que hizo que ese mes cierre con seis muertes en la provincia de Trujillo y una en Virú, ambas jurisdicciones en emergencia. También hubo un asesinato en Gran Chimú, zona que no se encontraba incluida en el decreto supremo.

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Durante el mes de abril, asimismo, se perpetraron 20 crímenes. Del total, nueve ocurrieron en las provincias en donde regían las restricciones: Trujillo (4), Virú (3), Ascope (1) y Pacasmayo (1). Otras 11 muertes se dieron en las provincias de Pataz (7), Gran Chimú (2), Otuzco (1) y Julcán (1).

En mayo, asimismo, las bandas organizadas asesinaron a 21 personas. De ellas, 19 víctimas fueron ultimadas en las provincias en emergencia: Trujillo (16), Chepén (2) y Virú (1). También hubo dos homicidios en Sánchez Carrión, zona en donde no regía el régimen de excepción.

En junio, hasta el viernes 24 que culminaron los 90 días de emergencia, se reportaron 21 muertes a manos de la delincuencia. En las provincias en donde debían disminuir los crímenes se dieron 16 defunciones: Trujillo (12), Virú (2), Ascope (1) y Pacasmayo (1). A ellos se suman cinco asesinatos en las jurisdicciones de la sierra liberteña: Otuzco (3), Pataz (1) y Santiago de Chuco (1).

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