:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/UXQURNBRFFEL7ORHX74H3L624U.jpg)
La Contraloría General detectó irregularidades en la contratación de un mismo proveedor de servicios de impresión durante tres años continuos en la Municipalidad Distrital de La Esperanza, que presentó documentación falsa en su oferta y estaba impedido de contratar con la entidad en el procedimiento de selección convocado en el 2019.
VER MÁS: La Libertad: Contraloría detecta perjuicio superior a los S/ 2 millones en Proyecto Chavimochic
Según el Informe de Control Específico N.º 24091-2021-CG/SADEN-SCE, los valores referenciales o estimados para la contratación de los servicios de impresión no reflejaban el valor real del mercado, y se basaron en cotizaciones que no se ajustaban a los requerimientos del área usuaria, lo que permitió la contratación sobrevalorada de dichos servicios al mismo proveedor durante los años 2018, 2019 y 2020 así como un sobrecosto asumido por la entidad de S/ 797 451,12.
La comisión de control evidenció que las bases integradas de los procedimientos de selección convocados por la entidad, en los tres años citados, consideraron requisitos restrictivos relacionados a la exigencia de muestras, plazos de entrega, equipamiento estratégico y servicios específicos en la experiencia, que no permitieron la participación de otros postores y, por consiguiente, evitaron que ofertas ventajosas para la entidad compitieran con el postor ganador de la buena pro.
Además, el órgano encargado de las contrataciones de la entidad (la subgerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial) no verificó las ofertas presentadas por el postor ganador, en los procedimientos de selección de los años 2018, 2019 y 2020; lo que no le permitió advertir la documentación falsa que este presentó en su oferta, para acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación consignados en las bases integradas; en lo concerniente al equipamiento estratégico y experiencia del postor.
PUEDE LEER: La Libertad: S/ 10 millones en pérdidas por reconstrucción
Tampoco advirtió que una de las empresas integrantes del consorcio ganador de la buena pro, en el proceso de selección de 2019, estaba impedida de contratar con la entidad debido al parentesco consanguíneo de los accionistas con uno de los regidores de la municipalidad.
En total, son 11 los funcionarios y servidores públicos comprometidos en los hechos, con presunta responsabilidad administrativa y/o penal.
El informe de control ha sido notificado a la titular de la Municipalidad de La Esperanza para el deslinde de las responsabilidades que correspondan; al Procurador Público Especializado en Delitos De Corrupción para que inicie las acciones legales penales contra los involucrados; y al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) para la sanción administrativa al contratista por presentar documentación falsa.
