El operador y los encargados de la empresa cuya maquinaria pesada derribó las rejas que dañaron la muralla de Trujillo fueron identificados por la Policía y ahora se busca determinar si la gestión del alcalde Arturo Fernández Bazán ordenó o no este atentado cultural, teniendo en cuenta que minutos antes de perpetrarse el ilícito el cargador frontal prestó servicios para el Servicio de Gestión Ambiental (Segat).
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El caso
Luego del daño al Boluarte Herrera se revisaron los videos de las cámaras de seguridad de la zona y se determinó que la maquinaria que empujó el enrejado fue contratada por el municipio para trabajos que debían darse entre la noche del domingo y la madrugada del lunes.
Con esta información, ayer un equipo de la Contraloría y de regidores intervinieron las oficinas del Segat para recabar documentación que permita atrapar a los responsables de este ilícito.
Luego de las labores de fiscalización, el regidor Mario Reyna confirmó que la Policía busca a los implicados para que indiquen quién ordenó derribar las rejas.
“Ya tenemos identificado al proveedor. Esa máquina prestó servicios al Segat la noche del domingo y dejó entre 3:30 y 4 de la madrugada (del lunes) al personal en el local del Segat. Luego, se dirige al Baluarte, espera frente al colegio Modelo, llegan dos unidades vehiculares, bajan personas y le dan el visto bueno. Luego, la maquinaria derrumba el enrejado, dañando parte del Baluarte”, indicó.
Reyna detalló que durante las diligencias con la Contraloría, la gerenta del Segat, Gisella León, dijo que ellos dejaron el cargador frontal a las 4 de la mañana y “de ahí en adelante lo que pueda haber hecho este proveedor es entera responsabilidad de él”.
“Mejor dicho, el conductor y el propietario son los responsables del delito ocasionado. El daño al patrimonio monumental es un delito especial y su regulación marca hasta 6 años de pena privativa de la libertad. Espero que ellos se acojan y no se hagan responsables, sino puedan señalar quiénes o por orden de quién fueron inducidos a hacer este daño irreparable”, acotó.
A través de un comunicado, el Ministerio de Cultura se pronunció por “las constantes afectaciones contra los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación (PCN) en Trujillo”. Recordó que toda obra en bienes históricos debe contar con la autorización de esa entidad.
También condenó “todo acto que altere o dañe un bien integrante del PCN”, porque “representa el legado y memoria de nuestros ancestros”.
Más denuncias
La regidora Sandra Trujillo, por su parte, reveló que la Contraloría le confirmó que el gerente general del municipio de Trujillo, Jesús Velásquez, habría presentado documentos falsos para acceder a ese puesto.
“Dentro de su CV coloca un certificado de trabajo de enero a julio de una empresa, pero el gerente de la compañía precisa que Jesús Velásquez no trabajó en ese periodo. Ellos nunca entregaron ese certificado de trabajo”, aseguró.
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