La Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituyó al fiscal José Pagaza Guerra, quien se desempeñaba como fiscal provincial titular de la Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada de La Libertad. Según ratificó este organismo, el ahora exmagistrado mantuvorelaciones extraprocesales con una ciudadana investigada por presuntamente pertenecer a una organización criminal.
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El caso
Entre el 30 de abril y el 15 de mayo de 2019, el fiscal Pagaza Guerra realizó varias visitas a la ciudadana Diana Mendoza Bueno. Ella estaba en calidad de investigada en la carpeta fiscal 072-2017 por presuntamente integrar la organización criminal “La Alianza del Valle”, que operaba en Trujillo y Ascope.
”Le ha realizado varias visitas sin justificación alguna cuando se encontraba con custodia policial en la Comisaría de Florencia de Mora y en la carceleta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la finalidad de favorecerla para que obtenga la libertad”, expuso la integrante de la JNJ Luz Tello de Ñecco durante su ponencia ante el pleno de esta junta.
La falta cometida por Pagaza Guerra se catalogó como una infracción muy grave conforme a los artículos 47, numerales 11 y 13, de la Ley de Carrera Fiscal. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público emitió la resolución 017-2022 el 12 de octubre de 2022, confirmando la propuesta de destitución del fiscal.
Además de la falta relacionada con las visitas, Pagaza Guerra también fue imputado por haber modificado indebidamente el requerimiento de prisión preventiva de Mendoza Bueno por uno de comparecencia con restricciones.
Sin salida. En su defensa, el exfiscal presentó documentos, entre ellos una copia del cuaderno de colaboración eficaz de Mendoza Bueno, que formaba parte del expediente 17-2015 del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ascope. No obstante, esto fue desestimada por la Junta Nacional de Justicia.
Otros casos. La destitución de Pagaza Guerra es un golpe para el Distrito Fiscal de La Libertad, según el abogado penalista Alfredo Galindo Peralta. En menos de 20 días, esta es la tercera sanción a un fiscal en la región.
Galindo Peralta mencionó que un fiscal no debe mantener ningún tipo de vínculo con procesados, ya sea laboral, comercial o sentimental. La aparente transgresión de esta regla fue un factor determinante en la decisión de la JNJ.
Anteriormente, la Fiscalía de la Nación también había concluido los nombramientos de Ana Altamirano Malabrigo y César Cruzado Chiroque como fiscales adjuntos provisionales del módulo básico de La Esperanza.
Altamirano Malabrigo fue relevada debido a comentarios que indicaban su falta de prioridad a casos importantes, mientras que Cruzado Chiroque fue sancionado por otorgar libertad a detenidos sin realizar análisis adecuados de sus casos.
