Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios de la municipalidad provincial.
Contraloría halló presunta responsabilidad penal y administrativa en dos funcionarios de la municipalidad provincial.

En la rehabilitación de dos colegios en la provincia de Chepén, la detectó que se dio conformidad, recibió y liquidó ambas obras, pese a la sustitución de partidas sin modificarse el contrato (por el cambio de insumos y materiales), y a la ejecución de algunos trabajos que no cumplían con lo establecido en el expediente técnico, lo que afectó el uso de los recursos del Estado y generó un perjuicio económico por S/ 167 725,36 para la municipalidad provincial de dicha jurisdicción.

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Se trata de las instituciones educativas N.º 80391 Alfredo Novoa Cava y N.° 81558 Imelda Cava Vargas, las cuales-en el marco del Plan de Reconstrucción con Cambios-fueron incluidas en el Procedimiento de Contratación Pública Especial N.º 001-2020-MPCH/CS-Segunda Convocatoria (ejecución de obras por paquete), por el monto contractual de S/ 4 525 286,58.

Según el Informe de Control Específico N.º 013-2022-CG-GRLIB-SCE, el contratista cambió insumos y materiales en la rehabilitación de ambos colegios: planchas de TR4 Aluzinc por planchas de policarbonato alveolar en la losa multiusos en el colegio N.º 80391, en el patio de formación y losa deportiva del colegio N.º 81558 (sin que se autorice y/o modifique el contrato); y porcelanato sin característica de antideslizante resistente al tránsito intenso para diferentes ambientes del Pabellón 03 del colegio N.º 81558, tal como lo establecía el expediente técnico.

Lo citado líneas arriba deriva que en la ejecución de ambas obras se observen importes por S/ 124 215,11 y S/ 43 510, 25, que representan el monto total del perjuicio económico para la Municipalidad Provincial de Chepén; motivo por el cual se ha comunicado el informe al titular de dicha entidad edil para el deslinde de las responsabilidades que correspondan, puesto que la sustitución de partidas exige que el contrato que firma la entidad con el contratista sea modificado previamente.

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Asimismo, se ha puesto de conocimiento al procurador público especializado en delitos de corrupción de funcionarios, ya que en los hechos están implicados el gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano (2019-2021) y el subgerente de Estudios, Proyectos y Obras Públicas (2019-2021), que a la vez actuaron como presidente e integrante del Comité de Recepción de las obras, respectivamente. Ambos tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.