La Contraloría General detectó que en la ejecución de una obra en el Proyecto Especial Chavimochic (PECH), no se cobraron penalidades por mora e inasistencia injustificada de personal clave de la empresa contratista y se pagó por prestaciones no ejecutadas al supervisor de la obra; hechos irregulares que causaron un perjuicio económico para la entidad por S/ 128 541.
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Respecto a las penalidades no cobradas por mora; la comisión de control evidenció que, en la construcción de la línea de transmisión y subestación de distribución de la planta de tratamiento de agua potable ubicada en Alto Salaverry, se otorgó una segunda ampliación de plazo por 16 días calendario que, además, de no corresponder fue aprovechada por el contratista para realizar actividades distintas a las que motivaron su aprobación.
La ampliación de plazo solicitada por el contratista, promovida por el supervisor de obra y funcionarios del PECH, que opinaron favorablemente, y aprobada por el nivel gerencial de la entidad, no se dio de acuerdo a la norma vigente, la Ley de Contrataciones del Estado y otras, puesto que la causal alegada (demora en la entrega de bienes por parte de un proveedor) estaba acorde a las condiciones comerciales previamente conocidas y pactadas; por lo tanto correspondía el cobro de una penalidad por mora ascendente a los S/ 49 098.
Asimismo, se advirtió que el residente y supervisor de obra se ausentaron por 34 y 23 días, respectivamente, lo que debió implicar el cobro de una penalidad por inasistencia del residente (S/ 71 447) y el no pago de prestaciones al supervisor de la obra (S/ 7 996). Debido a dichas ausencias, el residente no realizó el trabajo de control de calidad de la obra y avance en los plazos de la misma; y el supervisor no brindó el servicio los 60 días que correspondían.
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Las irregularidades detectadas se encuentran plasmadas en el Informe de Control Específico N.º 007-2021-2-0608-SCE, el cual ha sido comunicado al titular del PECH para el deslinde de responsabilidades de cuatro funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos; y al procurador público de la Contraloría General para el inicio de las acciones legales civiles contra los involucrados.