Defensoría del Pueblo de La Libertad requirió a Corte Superior de Justicia convocar a reunión para coordinar acciones y estrategias.
Defensoría del Pueblo de La Libertad requirió a Corte Superior de Justicia convocar a reunión para coordinar acciones y estrategias.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en requirió a la Corte Superior de Justicia convocar a una reunión interinstitucional a fin de que se coordinen acciones y/o estrategias de cooperación en la lucha contra la violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar.

Esta solicitud se realiza tras identificar varios casos en los que no se vienen brindando las medidas de protección a las víctimas. Al respecto, la oficina defensorial tomó conocimiento de que en los Juzgados de Familia de Trujillo se ha denegado, en al menos cinco casos, la ampliación y/o variación de las medidas de protección formuladas para las víctimas de violencia. Esto se produjo a pesar de que las agraviadas presentaron documentación que sustentaba que nuevamente sufrieron actos de violencia por parte de los denunciados o por parientes cercanos a sus agresores.

“Estos pedidos han sido declarados infundados por los juzgados respectivos sin tomar en cuenta las fichas de valoración de riesgo que determinan el inminente peligro en el que se encuentran las víctimas y, en algunos casos, también sus hijos menores de edad”, sostuvo el jefe de la Oficina Defensorial de La Libertad, José Luis Agüero.

El funcionario expresó su preocupación debido a que esta situación podría estar presentándose en otros casos de violencia que no son de conocimiento de la institución.

En esa línea, con el fin de fortalecer el trabajo articulado desde el Estado en estos casos y coadyuvar con la administración de justicia, la institución ha solicitado convocar a reunión a las entidades del Estado vinculadas a esta problemática, tales como la Corte Superior de Justicia, la Defensa Pública, el Centro Emergencia Mujer y el Ministerio Público.

La oficina de la Defensoría del Pueblo en La Libertad continuará vigilante para garantizar el respeto de los derechos ante los hechos de violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar.

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