:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/EWGE2GDBUFGTTPSCULK6KEE4QY.jpg)
El Gobierno publicó ayer la Ley N° 31571, “que asegura y promueve la ejecución y culminación de las obras” del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), cuya tercera etapa se encuentra paralizada desde diciembre de 2016.
MIRA AQUÍ: Campaña agrícola en peligro por fallidos procesos de compra de urea del Gobierno
La medida fue publicada en El Peruano, exactamente un mes después de la emisión de la Ley N° 31551, “que declara de interés nacional la reactivación y el destrabe” del proyecto de irrigación.
Sin embargo, en La Libertad hay todavía preocupación por el estado en el que se encontraría la adenda que permitirá destrabar la obra y reiniciar los trabajos en la presa Palo Redondo, ubic ada en la provincia de Virú.
Posiciones
Uno de los primeros en reaccionar tras la publicación de la Ley N° 31571 fue el gobernador regional Manuel Llempén Coronel.
La autoridad dijo que ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MFE) pida al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la referida adenda para que sea evaluada y aprobada “lo antes posible”, y luego pueda ser derivada a la Contraloría “para similar acción”.
Según Llempén Coronel, el contrato estaría demorando en el Midagri debido a que “algunos funcionarios consideran que se debe esperar el laudo arbitral”.
“Es conocido que los funcionarios públicos decimos que cuando hay una orden judicial nos exoneramos de responsabilidad; sin embargo, ellos creen que podrían tener alguna que los conllevaría a una sanción administrativa”, declaró a La República.
La ley 31571 autoriza al Gobierno Nacional, a través del Midagri, en su calidad de concedente, “a negociar y acordar modificaciones en el contrato de concesión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento” de la tercera etapa del PECH, “con la finalidad de viabilizar la culminación” de Palo Redondo.
“La modificaciones contractuales que se acuerden en el marco de la renegociación del contrato de concesión que se autoriza deben incluir cláusulas anticorrupción y no podrán reconocer el pago de intereses o prestaciones adicionales que no hayan sido expresamente establecidos [en el mismo]”, añade la ley.
Quien también expresó su preocupación por el estado de la adenda fue Carlos Pagador Moya, gerente corporativo de la Junta de Usuarios de Riego Presurizado Moche-Virú-Chao.
“Debe haber seguramente un borrador de adenda, pero no una negociación completa. Tengo preocupación por esto, pues es muy difícil negociar una obra que está hecha por concesión a una obra pública. No es lo mismo, siempre va a haber una discusión. [...] El hecho de que no esté lista la adenda sí me preocupa”, expresó.
