Aseguran que autoridad edil firmó un contrato de concesión por 20 años de los terrenos que cobijan al ojo de aguas calientes. Herederos iniciarían acciones legales. (Foto: Cortesía)
Aseguran que autoridad edil firmó un contrato de concesión por 20 años de los terrenos que cobijan al ojo de aguas calientes. Herederos iniciarían acciones legales. (Foto: Cortesía)

Los ciudadanos Luis Ruiz García y Pedro Rubio Barbier salieron al frente para denunciar presuntos actos irregulares del alcalde de Cachicadán, Oscar Escobar Salazar, y su gerente municipal, quienes habrían suscrito un contrato ilegal con una parte de la testamentaria Gálvez, cuyo representante, Benjamín Martel Gálvez, que no tiene inscripción en Registros Públicos, hecho que ha sido denunciado públicamente.

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Según indica Pedro Rubio en carta abierta a la población que el burgomaestre, ha manifestado que ha suscrito un contrato de concesión por 20 años de la propiedad de los terrenos que cobijan al ojo de aguas calientes, ubicado en los previos de la familia Gálvez, contrato firmado con el apoderado o representante de una parte de la testamentaria Gálvez, Benjamín Martel Gálvez, quien no se encuentra registrado en la SUNARP. Siendo ello requisito indispensable para suscribir el contrato.

Ello se certifica a través del documento otorgado por la Zona Registral V-Sede Trujillo-Código N° 31772848. Oficina Registral Otuzco, Solicitud N° 3467223 de fecha 23/04/2021 sobre Registro De Personas Naturales en la que el funcionario de la SUNARP, señala que, de la búsqueda efectuada en el Índice Nacional del Registro Personal, no aparece anotación o inscripción en el Registro Personal otorgado a nombre de Benjamín Martel Gálvez con DNI: 179142975 como representante o apoderado. Es decir, no tiene poder inscrito en los Registros Públicos para disponer de la propiedad que pertenece a los herederos en su conjunto.

En otras palabras, la concesión por 20 años, firmada por el burgomaestre y el supuesto representante de la testamentaria Gálvez, sería, presuntamente, ilegal.

En concreto, Rubio Barbier afirma que las autoridades han cometido el delito de usurpación a la propiedad privada, ilícito demostrado con la suscripción de un convenio espurio con la persona de Benjamín Martel Gálvez quien no tiene ninguna representatividad legal de la testamentaría Gálvez propietarios del predio en litigio.

Frente a estos hechos se tiene información que los herederos entre los que se encuentra Francisco Gálvez Pérez, estarán tomando acciones legales, porque con la suscripción de dicho ilegal convenio han causado daños agravados en los propietarios de los predios de la testamentaria Gálvez.

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