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A la deriva. La Municipalidad Provincial de Trujillo aseguró la transferencia de 250 mil soles para que las unidades del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) retornen a las calles de la ciudad tras la compra del combustible, pero los trabajadores encargados de la recolección de residuos no moverán un dedo hasta que la gestión del alcalde de la ciudad, José Ruiz, cumpla con el pago de sus beneficios laborales.
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En ese difícil contexto, hay quienes consideran que el Ministerio Público tendría que intervenir de oficio para parar este atentado contra la salud de los ciudadanos y el medioambiente.
Alarma
En el mercado central de Trujillo, el único lugar que estaba disponible para desechar los residuos sólidos, ha colapsado. El dirigente de este establecimiento, Fernando Reyes Cueva, asegura que la Fiscalía de Prevención del Delito, debería de tener un rol más protagónico. Hay más de 400 comerciantes afectados por esta crisis ambiental.
“No se está cumpliendo el recojo y se está poniendo en riesgo la salud del ciudadano. Se dan todas las condiciones para que se dé la intervención del Ministerio. Pero el gobierno provincial ya debe articular con el gobierno regional y el Ejército para encontrar una solución”, enfatizó.
Los exteriores del mercado central y del centro comercial “El Virrey”, en el centro de Trujillo, hoy lucen con montículos de basura y los comerciantes también exigen una solución inmediata. Pero los exteriores del Mercado Zonal Palermo son el fiel reflejo de una ciudad abandonada. La situación se repite hasta en instituciones educativas como el Colegio Municipal, ubicado en inmediaciones del Mercado Unión.
Es urgente
El abogado y exfiscal, Alfredo Galindo Peralta, aseguró que la gestión de José Ruiz tendría que responder penalmente ante el caos que se vive en la ciudad por la acumulación de basura en las diferentes calles de la ciudad.
“No hay necesidad de que se ponga una denuncia. La Fiscalía tendría que actuar de oficio. Hay una Fiscalía de Prevención del Delito y una Fiscalía Penal de Turno, y no dicen nada. El alcalde y toda su plana deberían de estar procesados porque hay un riesgo contra la salud pública. Este silencio nos preocupa”, afirmó.
No retroceden
El abogado y asesor legal de los trabajadores del Segat, Carlos Becerra, aseguró la medida de lucha solo fue levantada por los trabajadores de limpieza pública y áreas verdes. Señaló que existe una deuda pendiente y hay el riesgo de que se complique aún más.
“Mientras no se cumplan con los trabajadores, ellos han suspendido el contrato de trabajo. Hay una serie de cumplimientos y el riesgo es que en diciembre se incumpla con el pago de los trabajadores”, explicó.
El abogado añadió que hoy se retomarán las conversaciones con la gestión edil y se decidirá si medida se levanta o no.
