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Agilizar el saneamiento y la transferencia del terreno que ocupa el Hospital de Chepén, en la región La Libertad, es el compromiso que obtubo el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén, tras sostener una reunión con la presidenta ejecutiva del organismo de salud Fiorella Molinelli Aristondo.
En la misma también se abordó el tema de la transferencia del sistema informático de historias clínicas que administra EsSalud, para que lo utilicen las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRES) de La Libertad, que brindan atención integral en el primer nivel de atención, lo quedó en evaluación.
Este sistema de gestión de los servicios de EsSalud administra y facilita el registro hospitalario y el acceso a historias clínicas de pacientes, con edad, procedencia, dirección, entre otros datos, facilitando incluso el tema de referencias.
Llempén estuvo acompañado del gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz Díaz, y Molinelli con su equipo de trabajo de la alta dirección de EsSalud. En el caso del terreno del hospital de Chepén se recordó que debido a que la titularidad de la propiedad aun la tiene EsSalud, no se puede gestionar nuevas inversiones ante el Minsa para la mejora de su infraestructura, equipamiento o contratación de más personal.
“Fue una reunión cordial y fructífera. Ella mostró el mayor entusiasmo por sacar adelante la transferencia. Hemos acordado que se formará una mesa de trabajo con personal técnico de ambas instituciones y del hospital de Chepén”, dijo Llempén. El hospital de Chepén tiene muchos años de construido, pero fue hecho sobre un terreno de EsSalud.
El terreno fue donado hace más de 50 años a EsSalud y la construcción del nosocomio es de finales de la década de 1960. Los entrampamientos legales no han permitido la mejora de su infraestructura, ampliaciones y equipamiento. En este nosocomio el Gobierno Regional de La Libertad invirtió el año pasado un total de S/ 1,452,916.08 para dotarlo con moderno equipamiento y en la mejora de su infraestructura hospitalaria, lo que fue cuestionado después legalmente señalando que no se puede invertir en un terreno que no sea propiedad del Minsa.
La inversión fue hecha para afrontar la segunda ola covid-19 y se empezó a ejecutar a fines del 2020, a través de un IOARR - intervención puntual que no constituye proyecto de inversión, pero contribuye al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios.
