Las comisiones de Educación y de Desarrollo Social del Consejo Regional de La Libertad investigarán presuntas contrataciones y pagos irregulares que se habrían dado en el Gobierno Regional (GR). En sesión extraordinaria, los consejeros aprobaron por mayoría derivar a estos grupos de trabajo las acusaciones planteadas por representantes de la sociedad civil. Las pesquisas se realizarán en un plazo de 60 días.
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Educación
Durante el pleno, la Secretaría General del Consejo Regional informó que el ciudadano Javier Carrión Ojeda acusó “presuntos pagos y cobros indebidos en planillas de activos y planillas adicionales correspondientes a los periodos diciembre 2024 y enero 2025” de una servidora de la Gerencia de Educación.
Además, el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Cívica de Defensa de los Intereses del Perú, Manuel Ruiz Briones, denunció a funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Pacasmayo “por la presunta designación irregular de la señora Janeth Roxana Rivera Arias como responsable de abastecimiento, quien no cumpliría con el perfil requerido para el cargo, al no contar con título profesional ni la experiencia correspondiente”.
Asimismo, se pidió revisar las imputaciones por abuso de autoridad planteadas por la ciudadana Ana Honorio Ruiz contra un funcionario de la Ugel 3.
Estos casos serán revisados en un plazo de 60 días por la Comisión de Educación del Consejo Regional La Libertad, que preside Lorena Carranza.
El consejero Frank Solórzano indicó que este grupo de trabajo deberá “verificar si las denuncias en la Gerencia de Educación tienen sustento para que puedan emitir un informe con los hallazgos o evidencias que sustenten esas graves acusaciones”.
Denuncias a funcionarios
El dirigente Manuel Ruiz también denunció ante el Consejo a la gerenta de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional, Julia Soto Deza; a la subgerenta de Desarrollo Social, Yris Bocanegra Rodríguez; y a la promotora social María Bustamante Merino por una “presunta contratación irregular”.
Según la acusación, Soto y Bocanegra habrían permitido que Bustamante labore en esa entidad pese a “que no cumpliría con el perfil mínimo requerido”. Este caso será revisado, en un plazo de 60 días, por la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Regional.
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