Seis funcionarios de la Municipalidad Distrital de La Esperanza fueron involucrados por la Contraloría General de la República en presuntas irregularidades detectadas en la entrega de conformidades de obras a las viviendas de interés social que el Programa Techo Propio del Fondo Mi Vivienda edificó en sectores vulnerables de esta jurisdicción.
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Las casas no tenían falso piso, puertas, ni vidrios en ventanas. Además, las paredes estaban sin tarrajear, los lavaderos de acero inoxidable sin instalar, había ambientes sin construir, entre otras graves observaciones.
Irregularidades
Joan Ramírez Merino, gerente regional de Control de La Libertad, aseguró que el perjuicio fue contra vecinos de los sectores Las Palmeras, Nuevo Jerusalén, San Martín, Wichanzao, Fraternidad, Virgen del Socorro, Santa Verónica, Virgen de la Puerta, Parque Industrial, Pueblo del Sol, Central y Fraternidad del distrito de La Esperanza.
“Fundamentalmente, las empresas contratistas a cargo del desarrollo de estas viviendas de interés social fueron beneficiadas indebidamente porque se entregaron conformidades de obra de manera irregular. Esto quiere decir que hemos podido verificar y corroborar que estas conformidades se entregaron pese a que los trabajos estaban inconclusos o indebidamente ejecutados”, sostuvo.
Las conformidades de obra fueron clave porque permitieron la liberación de garantías a favor de las empresas constructoras, aún cuando algunos módulos no se encontraban en construcción y tenían deficiencias. Incluso, la Contraloría confirmó que las firmas de los beneficiarios fueron falsificadas.
“Otro aspecto que hemos podido determinar es que las firmas de muchos de los beneficiarios de este programa fueron adulteradas o son presuntamente falsas”, detalló.
Identidades
En ese sentido, la Contraloría determinó que todas estas presuntas irregularidades debieron ser observadas por funcionarios y servidores del municipio distrital de La Esperanza, pero no efectuaron una adecuada supervisión a la ejecución de los módulos conforme a los planos y especificaciones técnicas.
Seis exfuncionarios y servidores públicos de dicho gobierno local tendrían responsabilidad penal y administrativa: César Uriol Mantilla, responsable del Servicio Especializado en Ingeniería Civil; Milagros Castillo Cerna, responsable del Servicio Especializado en Arquitectura; Karla Arcaya Ramírez, arquitecta I; Víctor Díaz Burgos, auxiliar administrativo; Marco Alvarez Guayan, subgerente de Habilitación Urbanas; Luis Estrada Chávez, gerente de Desarrollo Urbano.
Martín Namay, exalcalde de La Esperanza (2019-2022), deslindó de estas irregularidades. “En el área de Habilitaciones Urbanas había un equipo de trabajadores nombrados que siempre se dedicaban a hacer estas conformidades. Ellos tendrán que responder”, indicó el actual gerente general del Gobierno Regional de La Libertad.
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