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El estado de emergencia por inseguridad ciudadana en las provincias de Trujillo, Ascope, Chepén, Pacasmayo y Virú fue prorrogado por 45 días más a través de un Decreto Supremo publicado el último martes por la Presidencia del Consejo de Ministros. La medida regirá desde hoy, según lo dispuesto en artículo 1 de esta disposición.
De esta manera, fueron suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito y seguridad personales.
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Cuestionan
Sin embargo, el Gobierno no atendió la última demanda planteada por el Gobierno Regional de La Libertad sobre que la emergencia también se declare en las provincias de la sierra de La Libertad, convertidas en escenarios de crímenes por la actividad de la minería ilegal.
Precisamente, el gobernador regional Manuel Llempén Coronel aseguró que reiterará este pedido ante el Ejecutivo por la urgencia de intervenir de inmediato.
“Estamos viendo que el crimen organizado se está desplazando hacia la minería ilegal, pero ya no como era al inicio, de solo dar protección. Estas personas que ejecutan esa labor ilegal se están posicionando y lamento que no haya considerado a las provincias de la sierra y lamento que no estén dando el presupuesto y un plan operativo”, mencionó.
La medida del Gobierno, en ese contexto de emergencia, no tendría el presupuesto ni un plan diseñado para contrarrestar los índices delincuenciales y criminales, y es lo que también les preocupa a las autoridades. Hace casi tres semanas, el vicegobernador Ever Cadenillas, señaló que la emergencia fue “un engaña muchachos”.
Llempén señaló que espera que el Ministerio de Defensa coordine que envíen a más personal policial a la región.
“Estoy pidiendo una reunión con el ministro de Defensa y en la tarde (ayer) estoy retornando a Lima. Si no tenemos el recurso humano especializado, si no le proporcionan un financiamiento a las municipalidades provinciales y distritales, esto va a seguir siendo un saludo a la bandera”, añadió Llempén.
Más dinero
Los gobiernos locales y provinciales podrán descartar fases en los procesos de compra y adquirir lo que consideren necesario para hacerle frente a la inseguridad; sin embargo, ya se ha advertido que no tienen los recursos suficientes.
El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, afirmó si no existe presupuesto para mejorar logística de la Policía Nacional en La Libertad, la medida pierde fuerza. Asimismo, resaltó que el proceso para adquirir 59 camionetas sigue su proceso administrativo.
“Nosotros vamos a seguir luchando y gestionando para que la Policía en Trujillo reciba su presupuesto, porque es necesario mejorar la logística como patrulleros y comisarías. Estamos batallando contra la inseguridad, pero no es suficiente, porque el Ejecutivo y congresistas también deben apoyar”, dijo.
Ruiz Vega indicó que buscará reunirse con el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, para gestionar el presupuesto que no se ha tenido en la primera Declaratoria de Emergencia por la Inseguridad.
El alcalde del distrito de La Esperanza, Martín Namay, señaló que el Gobierno Central ha demostrado incapacidad.
“Es una medida desesperada del presidente de la República, que prácticamente está expresando su incapacidad de dirigir el país totalmente junto a su ministro del Interior. Esa incapacidad se está viendo reflejada no solamente a nivel de Lima, sino también a todo el país; es echar la pelota a los gobiernos regionales y locales y decirle ahí está el decreto y a ver que hacen”, refirió.
