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La declaratoria de estado de emergencia en siete provincias de La Libertad asoma nuevamente como una alternativa para frenar la ola de crímenes que día a día golpea a la región. Aun cuando el último antecedente de esta misma medida decretada por el Ministerio del Interior no arrojó un balance positivo, ayer en el Comando Regional de Seguridad Ciudadana, presidido por el gobernador Manuel Llempén, se consensuó esta alternativa.
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Condiciones
Las provincias que serán incluidas en el estado de emergencia por inseguridad ciudadana son Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco, Julcán, Gran Chimú, Otuzco y Trujillo. El gobernador Manuel Llempén refirió que la III Macro Regional Policial de La Libertad, Augusto Ríos Tiravanti, trabajará en el diseño de un plan de operaciones que tendría que garantizar el éxito de la medida; luego se solicitarán los recursos suficientes para intervenir en las jurisdicciones del ande por un plazo de 90 días.
“Estamos haciendo participar no solamente al Ejecutivo, sino también a la empresa privada y a las comunidades. Creo que en no más de una semana el general nos estará alcanzando el plan operativo, lo cual va a permitir asignar recursos y buscaremos las fuentes para poder conseguir esos recursos y rápidamente atenderlo”, indicó.
En lo que va del año se han registrado 163 crímenes. En la costa de la región, las provincias de Trujillo y Virú han sido escenarios continuos de la ola criminal; pero, solo la provincia de Trujillo ha sido considerada en la medida que la Policía de la región tendrá que plantear una vez más ante el Ministerio del Interior.
La gestión
Este año, el estado de emergencia por inseguridad entró en vigencia el 27 de marzo y culminó el 25 de junio. Primero se decretó por 45 días y, antes de finalizar el plazo, el Ejecutivo optó por una ampliación de 45 días más. Sin embargo, durante ese tiempo, el índice criminal se mantuvo.
El general de la Policía, Augusto Ríos Tiravanti, precisó que para la declaratoria de emergencia es ideal la asignación de presupuesto, logística y mayor personal. No obstante, nada está garantizado hasta el momento.
“Tiene que basarse en una apreciación de inteligencia, en un informe de riesgo y ese documento se eleva al Ministerio del Interior que tendría que sustentarlo ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y luego se tendría que emitir el decreto supremo declarando el estado de emergencia. Lo ideal sería que en un estado
de emergencia venga acompañado de mayor presupuesto, mayor logística y mayor personal”, añadió.
En la última declaratoria de estado de emergencia, desde el Ejecutivo, nunca destinaron el presupuesto que requería la institución policial; asimismo, no se atendieron las brechas existentes en relación con el número de agentes del orden, ni las unidades policiales que están en situaciones precarias.
