La minería ilegal ha dejado al menos unos 20 muertos hasta julio de este año a consecuencia de derrumbes en socavones, asfixia por gases tóxicos y por enfrentamientos entre mafias mineras al interior de la sierra de La Libertad. La cifra incluye a menores de edad explotados en labores ilegales que proliferan en el ande liberteño.
Según reportes policiales, la mayoría de defunciones se registraron en Otuzco y en el cerro El Toro, en Huamachuco. En este último lugar, situado en la provincia de Sánchez Carrión, el 90 % de muertes quedaron impunes. Testigos indican que las mafias instaladas en esas zonas ofrecen entre S/ 10,000 y S/ 20,000 a familiares de las víctimas para que no denuncien los hechos a las autoridades.
Precio a la vida
El caso de cuatro mineros que murieron en un socavón ilegal de Huamachuco, el pasado 5 de mayo, también corre el riesgo de quedar impune. Las víctimas perdieron la vida al inhalar gases tóxicos. Esa noche, sin equipos apropiados y carentes de máscaras especiales, ingresaron a las entrañas de la tierra para no volver jamás.
Los deudos hasta ahora no encuentran justicia. Incluso, Lidia Roque Vargas, esposa de Merardo Fernández, que murió ese día, indicó que le ofrecieron S/ 15,000 para no denunciar el hecho. “Mi esposo sabía que trabajaba para un minero ilegal. Es más, no le daban ni mascarillas para trabajar”, denunció.
La tragedia tuvo lugar en la empresa Minerals Doña Julia, a cuyo dueño, Jorge Espejo Moreno, según dijo en su momento la Fiscalía, se le inició investigación preliminar por este caso.
Además, ahora, tres meses después de la tragedia, se conoce más sobre lo que ocurrió esa noche, gracias a un video que se obtuvo, en donde se aprecia que se sacó uno de los cuerpos envuelto en frazadas, sin la presencia de las autoridades, y fue subido a una furgoneta.