Convenio firmado por UPAO y Corte Superior de Justicia de La Libertad despierta suspicacia

Un convenio específico para desarrollar un curso virtual de Especialización en Crimen Organizado y Prueba que se ha firmado entre la Corte Superior de Justicia de La Libertad y la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo, podría dejar la puerta abierta a tejer una serie de suspicacias.

Sucede que el evento académico está dirigido exclusivamente a los jueces y será dictado por docentes internacionales de reconocida trayectoria profesional, los que han sido elegidos por los directivos de la Corte de Justicia de La Libertad y serán pagados por la casa superior de estudios, la misma que ha tenido y aún mantendría varios procesos laborales, civiles y penales ventilándose en el fuero judicial.

Obviamente que en estos procesos judiciales están comprendidos algunos representantes de la UPAO tanto como imputados y agraviados. Además, hay familiares directos de los máximos representantes de la universidad inmersos en varios de estos casos.

LA FIRMA

De acuerdo a una nota de prensa emitida por la UPAO, el convenio fue firmado el 8 de setiembre por la rectora de la referida entidad, doctora Yolanda Peralta Chávez, y el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, el doctor Óscar Alarcón Montoya.

Además, se indica en la nota de prensa que para efectos de la ejecución del presente convenio, la corte Superior de Justicia de La Libertad designó como coordinadora a la doctora Cecilia León Velásquez; mientras que por su parte la UPAO escogió de coordinación al director de la escuela de Derecho, el doctor Raúl Yvan Lozano Peralta.

Correo conversó precisamente con Raúl Lozano y explicó que la universidad es una persona jurídica independiente de sus autoridades y firma convenios desde hace muchos años con la Corte Superior de Justicia de La Libertad y entre sus funciones está difundir el conocimiento jurídico con aliados estratégicos.

“Esto no tiene nada que ver en absoluto en temas de procesos que estén abiertos, asumo yo que todavía están en Fiscalía si se refieren a algún proceso como autoridad; pero no hay ningún cuestionamiento a que la universidad cumpla su función con las entidades que crean necesarias”, manifestó Lozano.

¿Entonces de acuerdo a lo que refiere, el fin supremo de este convenio es capacitar a los jueces para que estén preparados y puedan seguir luchando contra el crimen organizado y descarta que esto tenga un trasfondo que permita suponer que al final se quiera favorecer a alguien en algún proceso pendiente cuando el caso llegue a manos de un juez que fue capacitado de forma gratuita?, preguntamos. A lo que Raúl Lozano respondió:

“Más que la suspicacia, creo que es la mala voluntad. Hay gente que realmente tiene algún interés subalterno contra las autoridades de la universidad y ellos entenderá sus motivos; pero no creo que en el común de la gente esté esa suspicacia porque de lo contrario ninguna universidad o ningún instituto tendría que hacer ningún curso que tenga que ver capacitación a jueces porque entonces tendrían alguna incompatiblidad para después ver algunos procesos futuros, eso me parece fuera de lugar”, enfatizó.

El director de la Escuela de Derecho de la UPAO, aclaró que los profesores que dictarán el curso son elegidos por la Corte de Justicia Libertad y la universidad auspicia. “Acá no hay una iniciativa que surge la universidad para favorecer a tres o cuatro jueces determinados y con nombre propio, no es así, a diferencia de otras instituciones. Hacemos eso porque nuestros profesores también serán capacitados. La corte selecciona a los docentes para el curso y nosotros pagamos a los docentes”, apuntó.

DETALLE POR ACLARAR

Otro detalle que merece una aclaración por parte del doctor Óscar Alarcón es el por qué firmó el convenio, toda vez que mediante la resolución administrativa N°236-2015, emitida por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los encargados de firmar todo tipo de convenio de cooperación e intercambio con entidades nacionales y extranjeras, entre ellas universidades públicas y privadas, son el presidente del Poder Judicial y en su caso al gerente o administradores distritales de los cortes superiores de justicia del país.

Correo trató de contactarse con Óscar Alarcón, pero desde el área de Imagen nos refirieron que una reunión en la que participaba le impedía atendernos.

El abogado Alfredo Galindo dijo que en la Corte de La Libertad deben acreditar que el convenio cuenta con el informe favorable de la oficina coordinación Seguimiento y Monitoreo de Convenios Interinstitucionales. Además, demostrar que fue comunicado al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para su validación y registro correspondiente, de lo contrario habría una irregularidad.