Los casos sobre las muertes de Carlos Huamán Cabrera y Nixon Sánchez Huaynacari, ocurridas el 14 de diciembre de 2022 y el 20 de enero de 2023, respectivamente, han recobrado vigencia luego de que el Ministerio Público formalizara investigación preparatoria por el presunto delito de homicidio calificado con alevosía y lesiones graves contra 17 miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) en La Libertad.
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Tanto Carlos (26) como Nixon (23) fallecieron de un disparo en la provincia liberteña de Virú durante las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte.
Para el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, a cargo de las investigaciones, los agentes policiales tendrían responsabilidad en ambas muertes.
Nombres
¿Pero quiénes son los 17 agentes que son investigados por el Ministerio Público? Según la carpeta fiscal N° 527016400-2023-28, se trata del teniente general (r) Raúl Alfaro Alvarado, excomandante general de la PNP, y del general Augusto Ríos Tiravanti, exjefe de la Región Policial La Libertad.
A ellos se suman los oficiales Walter Calla Delgado, Jorge Risco Torres, Juan Konja Carreño, Juan Linares Gonzales, Gary Neyra Vásquez, Francisco Larios Quiroz, Reyner Gamero Vizcardo, Erick Villavicencio Evangelista, César Portales Reaño, Lucero Mallqui Carhuancho y Pablo Valderrama Reyes.
También, los suboficiales Luis Aranda Obeso, Juan Flores Malabrigo, Alexander Querevalú Agurto y Kevin Alva Vargas.
En el caso de Tiravanti, en el documento se indica que “en su condición de comando general en la ejecución de las órdenes de operaciones, se produjo el resultado lesivo para la vida de Carlos Huamán Cabrera y Nixon Sánchez Huaynacari”. “[...] El investigado sí tuvo la posibilidad de evitar dicho resultado, ya que, además de ostentar el deber de garantizar la incolumidad de la vida y la integridad de las personas que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta, ostentaba la más alta jerarquía dentro de la estructura y organización del cuerpo policial”, añade.
Correo se comunicó con el abogado del general Augusto Ríos Tiravanti y de otros oficiales, Elmer Rebaza Benites. Si bien aclaró que no podía dar declaraciones porque pertenece a la División de Defensa Legal de la PNP y necesita tener autorización de su comando, comentó que la formalización de la investigación preparatoria “no quiere decir” necesariamente que sus patrocinados sean culpables.
“Como es de conocimiento público, continúa la investigación. [...] Para la Fiscalía, hay mérito para continuar investigando”, se limitó a decir el letrado.
Entre las conclusiones que realiza el Equipo Especial de Fiscales para Casos con Víctimas durante las Protestas Sociales, se señala además continuar con la investigación preparatoria, así como declararla compleja y ampliarla.
“[Se establece como] plazo de investigación ocho meses (240 días), el mismo que inicia el 12 de junio de 2024 y concluye el 7 de febrero de 2025″, precisa.
Clamor
La noticia de la formalización de la investigación preparatoria llegó también hasta el centro poblado El Ron (región Amazonas), donde vive la expareja de Carlos Huamán, Leydi Campos Torres.
“Nosotros lo que pedimos es justicia y que se hagan todas las investigaciones porque tenemos que saber quiénes fueron los responsables de la muerte de Carlos”, sostuvo la mujer desde el distrito de Cajaruro, en la provincia de Ucubamba.
Pese a este paso que ha dado el Ministerio Público, Campos lamentó que 18 meses después de la muerte del padre de su hijo todavía no se conozca al o los responsables. “Siento que la Fiscalía no avanza con estos casos. Hay aún mucho dolor”, comentó.
Cuando Carlos falleció víctima de un disparo en el tórax, su hijo tenía siete años de edad. El menor, hoy, sufre su ausencia. “Mi hijo siempre me pregunta por su papá y me dice que lo extraña. Yo no le puedo decir nada porque se siente mal, pues no hay palabra que pueda calmarlo. Me dice, mamá, mi papá me hace falta. Si él estuviera vivo, yo no estaría sufriendo”, contó Leydi, a través del hilo telefónico.
Esperanza
Nixon Sánchez es otra de las víctimas mortales que dejaron las protestas en Virú. Tenía solo 23 años cuando un proyectil le perforó el cuerpo. “Traumatismo abdominal abierto y herida perforante por PAF”, se indicó en el certificado de necropsia emitido por la División Médico Legal II La Libertad el mismo día de su muerte.
Diecisiete meses después de su deceso, Ernesto Rodríguez Casamayor, abogado de la familia de Nixon, calificó como “importante” la decisión tomada por el equipo especial de la Fiscalía. “Lo que va a pasar ahora es que se va a poder trabajar con un juez penal que nos permite hacer allanamientos, solicitar que se pueda ahondar en cuanto a las llamadas telefónicas... Nos abre más posibilidades. [...] Lo que queremos es lograr medios probatorios de orden forense para luego llegar a un juicio oral y se pueda sentenciar [a los responsables]”, dijo a este Diario.
El letrado agregó que el delito de homicidio calificado está tipificado hasta con 25 años de prisión y no menos de 15 años.
