Pruebas hunden a Rafael Moya en “La mafia de los títulos

Actualizado el 10/03/2020, 10:11 a.m.

El rostro de Rafael Moya dista mucho de aquel gerente regional de Educación que vestía terno y nunca esquivaba a la prensa. Once días después de haber sido detenido como presunto integrante de la organización criminal “La mafia de los títulos”, su semblante parece ser el de un hombre abatido por los días de encierro en un calabozo.

DILIGENCIA

Ayer, en la sede judicial de Natasha Alta, se inició la audiencia de prisión preventiva por 36 meses contra Rafael Moya Rondo y los otros presuntos miembros de la organización criminal dedicada a vender títulos falsos a cambio de sumas que llegaban hasta los S/ 15 mil.

Por ser 19 los imputados, el juez del Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Trujillo distribuyó a los procesados en cuatro grupos y recién hoy será el turno del exfuncionario.

Con él estarán Marcial Vega Anhuamán, Manuel Rodríguez Durán, Carmen Ñaño Lozada y Willard Loyola Quiroz, el otro exgerente regional de Educación involucrado en el grupo delicitivo.

Hasta el cierre de esta edición, el juez evaluaba la prisión preventiva del primer “grupo de trabajo”: Alipio Haro Lara, María López Ybáñez, Fanny Haro López y David Haro López, todos de la red criminal “Alexander Fleming”, uno de los brazos derechos de la organización delictiva.

CONOCIMIENTO

En su sustentación de tesis, la fiscal responsable del caso, Jennifer Ludeña Meléndez, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (Fecor) de Trujillo, indicó que el grupo delictivo “ofertaba títulos de educación a personas que nunca habían cursado estudios” y Moya, junto con Willard Loyola, era parte de la red criminal “Gerencia Regional de Educación” (Grell).

Correo pudo conocer también que Moya ya había sido advertido de estas irregularidades mientras se desempeñaba como gerente regional de Educación, pero habría omitido sus funciones para favorecer el accionar del grupo delincuencial.

En abril del 2019, cuando “La mafia de los títulos” ya era investigada celosamente por la Fecor, Rafael Moya transcribió un oficio múltiple a los directores de las distintas Ugeles de la región y directores de oficina de la Grell para comunicarles sobre “presuntas irregularidades en las emisiones de certificados de estudios de algunos institutos”.

En el documento, Moya transcribe un memorando enviado a su persona por el entonces gerente general adjunto del Gobierno Regional de La Libertad, William León Huertas.

León, según el documento, le dio diez días hábiles de plazo para conocer “avances sobre las medidas adoptadas”, además de “encomendar la revisión aleatoria del 30% de certificados emitidos desde el 2018 a la fecha [abril del 2019]”.

De acuerdo con el expediente fiscal que pesa sobre Moya Rondo y los otros funcionarios de la Grell, todos “incumplieron dolosamente sus funciones asignadas en el Manual de Organización y Funciones (MOF)”.