Los condenables hechos de violencia que perpetran miembros de organizaciones criminales y mineros ilegales en la provincia de Pataz cada vez se parecen más a los atentados terroristas que golpearon al país en la década de los 80. El accionar delictivo no ha podido ser combatido con la eficacia que se esperaba, a pesar de la declaratoria de emergencia y que fuerzas combinadas del Ejército del Perú y la Policía Nacional fueron destacadas a la zona.
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Una explicación
Para el gerente de Asuntos Corporativos de la empresa minera Poderosa, Pablo de la Flor, los pobres resultados en la lucha contra la minería ilegal y los criminales que giran en torno a ella se debería a que en los operativos de intervención no hay el apoyo firme de la Fiscalía y de los funcionarios de la Dirección Regional de Energía y Minas de La Libertad.
En declaraciones ofrecidas ayer en el programa Enfoque de los Sábados, que se trasmite por RPP, Pablo de la Flor sostuvo que a pesar de la presencia policial y de miembros del Ejército del Perú en Pataz, solo se han intervenido, en los dos últimos meses, 25 de las 450 bocaminas ilegales identificadas plenamente en la zona; es decir, apenas se ha golpeado al 5% de estas mafias criminales.
Reveló, además, que en Pataz se han identificado, bajo un sistema de georreferenciación, 44 plantas ilegales donde se almacena el mineral extraído de las socavones, pero solo se ha intervenido en 4 de ellas.
“El grueso de ese mineral es despachado a otras plantas formales en otros puntos del país. Solo en el primer trimestre de este año se ha detectado que más de 1,200 volquetes cargados de mineral extraído ilegalmente van a plantas como, por ejemplo, La Joya, en Arequipa”, sostuvo Pablo de la Flor.
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Atentado
El directivo de la empresa Poderosa hizo hincapié en el hecho de que el derribo de sus torres de alta tensión por parte de mineros ilegales y el ataque de grupos armados a trabajadores y personal de seguridad, que dejó como saldo un fallecido y dos heridos, son hechos que han ocurrido, luego de que el Congreso de la República derogó la ley que permitía depurar el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).
“Esto iba a permitir combatir la minería ilegal y controlar el uso de artefactos explosivos, pero ahora es un mecanismo de protección para los mineros ilegales que siguen delinquiendo”, cuestionó.
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Emergencia
En efecto, tras los atentados contra minera Poderosa, el titular del Ministerio de Energía y Minas, Rómulo Mucho, dijo ayer a medios de prensa nacionales que estos actos hacen que sea urgente declarar en emergencia la formalización minera en el país y así legislar al respecto.
“El Estado ha sido rebasado por el uso distorsionado del Reinfo y urge el replanteo de la estrategia de la formalización. Esto se ha vuelto complejo desde el momento en que esta labor está a cargo de las direcciones regionales o de las subgerencias regionales de Energía y Minas”, indicó.
En tanto, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) Juan Carlos Liendo dijo en RPP que tiene información que un contingente policial se replegó de Pataz por falta de presupuesto para mantenerse en el lugar. Eso aún no ha sido aclarado por el Ministerio del Interior.
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