La familia del empresario minero Jens Lara habría recibido una exigencia de hasta cuatro millones de dólares para conseguir su liberación, según información proporcionada por personas de su entorno. El hombre permanece retenido desde la madrugada del domingo 30 de agosto, cuando un grupo armado lo interceptó en una zona de Trujillo.
Los responsables habrían advertido que el pago sería necesario para evitar un ataque contra la vida del empresario. Mientras se verifica esta información, la Policía continúa con las diligencias para establecer quiénes participaron en el secuestro y determinar dónde mantienen retenida a la víctima.
El secuestro ocurrió alrededor de las 2:47 de la madrugada, cuando Lara se desplazaba en una camioneta por la avenida Húsares de Junín. En el vehículo también viajaban dos agentes encargados de su seguridad y dos jóvenes anfitrionas.
El grupo armado se aproximó al automóvil utilizando uniformes policiales de la Grecco y simuló una intervención para revisar la identidad de los ocupantes. Luego de comprobar que Lara se encontraba dentro, los sujetos lo hicieron descender por la fuerza y lo subieron a una camioneta Hilux en la que se movilizaban.
Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron sin vida a los dos miembros de seguridad y a las dos jóvenes que acompañaban al empresario. Las víctimas fueron identificadas como Farhad Andrea Monzón Lingán, pareja de Lara Tantaquilla, Nadia Edith Urtecho Rodríguez, Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas y Christopher Eduardo García Álvarez.
Los testimonios recogidos en la zona indican que uno de los atacantes habría intentado mover la camioneta en la que se encontraban los cuerpos. Al no conseguir encenderla, el sujeto habría abandonado el lugar junto con el resto del grupo.
Antecedente familiar es investigado
La Policía también busca establecer si existe alguna conexión entre el secuestro de Lara y un hecho ocurrido aproximadamente dos semanas antes. Según la información que viene siendo corroborada por los investigadores, un familiar del empresario habría sido retenido en esa oportunidad y posteriormente liberado luego de que sus allegados realizaran un pago.
Este antecedente es considerado dentro de las líneas de investigación abiertas por el caso. Las autoridades intentan determinar si los responsables conocían la situación económica de la familia y si el pedido de cuatro millones de dólares responde a información obtenida previamente.
La familia del empresario está vinculada con actividades mineras en la provincia de Pataz. Esta relación económica también es revisada por los investigadores para establecer si pudo influir en la elección de Lara como objetivo.
El caso generó la respuesta del Gobierno, que convocó a una reunión de urgencia el domingo por la noche. La presidenta Keiko Fujimori abordó la situación con autoridades en Lima, en medio de los pedidos para reforzar la respuesta frente a la delincuencia en Trujillo.
El alcalde de la ciudad solicitó la presencia de la mandataria en la zona, aunque hasta el momento no se ha confirmado que vaya a viajar a Trujillo. Mientras tanto, el general Víctor Raboredo y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, se encuentran en la ciudad para participar en las acciones relacionadas con la investigación y búsqueda de Lara.
