Estado de excepción obedece a que persiste la minería ilegal en el ande; mientras que índice de extorsiones y homicidios se mantienen en la costa liberteña.
Estado de excepción obedece a que persiste la minería ilegal en el ande; mientras que índice de extorsiones y homicidios se mantienen en la costa liberteña.

El Ejecutivo oficializó ayer la ampliación de la declaratoria de estado de emergencia por inseguridad ciudadana en las provincias de Pataz y por un periodo de 30 días. Además, ha incluido en esta ocasión a la jurisdicción de Virú, la misma que de un tiempo a esta parte es golpeada por una ola de violencia.

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En efecto, en el Decreto Supremo N°069-2024-PCM, se indica que de acuerdo a los informes policiales, la ampliación del estado de emergencia en Pataz se debe a que “persiste la problemática relacionada con la minería ilegal, el crimen organizado y delitos conexos en la provincia de Pataz, así como atentados contra instalaciones estratégicas y otras”.

Extorsiones

De la misma manera, en el Decreto Supremo N°070-2024-PCM, se menciona que se declara en estado de emergencia la provincia de Virú como respuesta “al incremento significativo de los delitos de extorsión, situación que afecta directamente a la seguridad ciudadana, afecta el orden interno y el desarrollo económico y social”.

En tanto, en el Decreto Supremo N° 071-2024-PCM se señala que la ampliación del estado de excepción en la provincia de Trujillo obedece al “alto índice en la comisión de los delitos de homicidio, robo, extorsión, secuestro y otros”.

El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, se pronunció sobre la extensión del estado de emergencia en la provincia y dijo que espera que paralelamente se mejore el trabajo de la Fiscalía y se dote de logística a la Policía, para que los resultados de la lucha contra el hampa sean más efectivos.

Las autoridades de Virú, en tanto, tienen opiniones divididas. Edy Camacho, consejera regional por esa provincia, lamentó que la emergencia sea solo por un mes, pues considera que es insuficiente.

Por su parte, el secretario de organización de las Rondas Campesinas de Virú, Alberto Ponte García, sostuvo que esos 30 días servirán para evaluar el trabajo de la Fiscalía y la Policía. “Luego se pedirá una ampliación”, acotó.

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