La Contraloría reveló un perjuicio económico de S/ 315 mil 423 en la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Agua Potable y Alcantarillado de Lambayeque (Epsel).
La pérdida fue ocasionada porque la entidad pagó al Consorcio R&C Ingenieros por la elaboración del expediente técnico de saldo de obra para la ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del distrito de San José, sin que subsane algunas observaciones y sin aplicarle las respectivas penalidades por mora y otras infracciones.
Además, la Contraloría anota que estos hechos conllevarán responsabilidades penales, civiles y administrativas para quienes fueron los funcionarios a cargo de tomar decisiones en ese momento.
Se trata de Eduard Vásquez Figueroa (exgerente de Proyectos), Marco Montoya Facho (exproyectista de la Subgerencia de Estudios y Proyectos), Jorge Fallaque Collantes (exgerente), Eduardo Díaz Orbegoso (exsubgerente de Estudios y Proyectos), Miriam Zuloeta Seclén (exgerente de Administración), Walther Faya Infantes (exsubgerente de Logística), Shadia Salazar Dávila (exsubgerente de Logística) y Ana Flor López Ruiz (extesorera).
informe. Según el informe de control específico N° 015-2024, que evaluó el periodo del 21 de junio de 2018 al 9 de diciembre de 2022, la entidad pagó al consorcio 271 mil 717 soles, a pesar de que los entregables del 01 al 04 presentados por este no cumplían con los términos de referencia establecidos.
Entre las deficiencias encontradas figura un plan de trabajo incompleto con información incongruente, falta de estudios básicos completos, firmas de especialistas y disponibilidad de terrenos, por lo que el servicio de consultoría no cumplió su finalidad pública prevista.
La comisión de control también detectó que Epsel no aplicó penalidades por mora ni infracciones consideradas como “otras penalidades” al consorcio, lo que resultó en el no cobro de S/ 32 061.
Asimismo, la entidad dejó de retener S/ 11 645 del fondo de garantía, afectando a la población al no contar con el expediente técnico para la ejecución de la obra.
Es preciso señalar que, en un acuerdo formalizado mediante la Adenda N° 001-2021, Epsel amplió los plazos para la subsanación de observaciones y la presentación de entregables pendientes, modificaciones que no se alinearon con los términos del contrato. A pesar de los reiterados plazos otorgados, el contratista incumplió con las correcciones necesarias, lo que llevó a la resolución del contrato en 2022.
A través de la Subgerencia de Estudios y Proyectos, Epsel asumió la culminación del expediente, el mismo que, después de 6 años, se encuentra observado por parte del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que argumenta incompatibilidades y documentación incompleta, situación que no permite que se concrete el financiamiento.
Cabe indicar que el expediente del saldo lleva seis años sin poder lograr un financiamiento desde el ministerio de Vivienda.
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