La sustracción de S/ 1´406,991 de una cuenta de EsSalud Lambayeque, mediante cinco transferencias bancarias no reconocidas el 14 de agosto, ya es conocida. Lo nuevo es el giro fiscal: el Ministerio Público descartó que el caso se limite a un fraude informático de terceros, como lo planteó la propia entidad, y dispuso investigar a cuatro de sus funcionarios por un presunto delito de peculado.
Argumento
La decisión consta en una disposición de derivación, de la carpeta fiscal 5963-2026 a la que accedió Correo. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo concluyó que la salida del dinero no fue producto de una intrusión externa autónoma, sino que se dio con la intervención directa de los funcionarios encargados de administrar la cuenta.
Según las declaraciones de los propios funcionarios, el 14 de agosto Erika López Cajas, exjefa de Administración y usuaria N.° 04 de Telebanking, recibió llamadas de personas que se identificaron como soporte técnico de Scotiabank y advirtieron un bloqueo de las cuentas institucionales. López Cajas avisó a Jaime Esteban Cornejo Rivera, jefe de Tesorería y Contabilidad, quien la remitió a Jaime Orlando López Guzmán, exjefe de la Unidad de Tesorería y Cobranzas y usuario N.° 03, por ser quien coordinaba ese tipo de gestiones.
López Guzmán siguió las instrucciones telefónicas. Al fallar el programa AnyDesk, intervino Jesús César Peraltilla Acevedo, jefe de Soporte Informático, junto a una trabajadora identificada como Estefani, quien instaló UltraViewer y habilitó el control remoto del equipo usado para operar la cuenta bancaria.
Con la conexión activa, López Cajas ingresó con su usuario y facilitó el código de su token; luego hizo lo mismo López Guzmán. Ambos mantuvieron las pantallas apagadas o sin supervisión mientras la sesión remota seguía abierta, según la disposición fiscal. Recién entonces, cerca de las 6:00 p.m., se generaron cinco órdenes bancarias con cargo a la cuenta AHMN N.° 720-5006674, dirigidas a diez cuentas de personas naturales y a tres empresas —Inversiones Ecco Deed S.A.C., Corporación Santo Domingo Asociados S.A.C. e Inversiones y Maderera Muñoz E.—, que recibieron los montos más altos.
Ese detalle sostiene la nueva calificación. La fiscal penal Bianca Baique Sánchez sostiene que las órdenes “no fueron ejecutadas únicamente mediante una intromisión externa, clandestina y autónoma”, sino tras habilitarse el acceso remoto y usarse claves “asignadas precisamente a quienes tenían competencias sobre la administración, control y ejecución de los fondos institucionales”.
Delitos
La denuncia original, presentada el 18 de agosto por el apoderado judicial de EsSalud, Víctor Villanueva De La Oliva, invocó acceso ilícito, fraude informático y suplantación de identidad, bajo la Ley N.° 30096.
La Fiscalía reorienta el caso hacia el artículo 387 del Código Penal, que sanciona al funcionario que se apropia o utiliza, para sí o para un tercero, caudales cuya administración le fue confiada por su cargo. El despacho invoca el ROF de EsSalud 2025 y el Manual de Operaciones de la Red Prestacional Lambayeque (RPL), que asignan deberes específicos: a López Cajas, verificar que cada transferencia correspondiera a una obligación real; a Cornejo Rivera y López Guzmán, controlar los egresos; y a Peraltilla Acevedo, comprobar la identidad de quien solicitaba acceso remoto antes de instalar cualquier programa.
Cita además el Acuerdo Plenario N.° 4-2005/CJ-116: la relación funcional exigida para el peculado no requiere que el dinero esté físicamente en poder del funcionario, basta una disponibilidad jurídica, como el uso de claves y tokens.
El documento cita varios elementos para descartar, por ahora, la negligencia: la experiencia de los funcionarios en sus áreas, la falta de verificación de identidad de quienes llamaban, la instalación del programa de control remoto, el uso sucesivo de dos claves de alto nivel, y la ausencia de contrato, orden de compra o registro en el sistema SAP que sustente los egresos.
Lo que sigue
La carpeta fue derivada a la Fiscalía Anticorrupción, al fiscal José Guevara Gilarmas, que deberá determinar la responsabilidad de López Cajas, Cornejo Rivera, López Guzmán y Peraltilla Acevedo, así como de los titulares de las cuentas receptoras. Los delitos informáticos denunciados originalmente se investigarán de forma conjunta con el peculado, al considerarse “instrumentales” para la eventual apropiación de los fondos.
La Fiscalía añadió que los funcionarios “debían conocer que Scotiabank no crea obligaciones de pago de EsSalud, no selecciona proveedores, no determina los importes que deben abonarse ni necesita utilizar los tokens (...) para realizar un mantenimiento técnico”.
Este diario solicitó una versión a la Oficina de Imagen de EsSalud Lambayeque, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.
Precedente
La disposición destaca que Erika López Cajas registra otras investigaciones por delitos contra la administración pública.
