La Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque formuló acusación contra cinco exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) por presunta colusión en la compra de motocicletas para el servicio de serenazgo, con un sobreprecio calculado en S/59,010.
Imputados
Los acusados como autores son Segundo Próspero Monje Fernández, exsubgerente de Logística; Guillermo Fabián Quezada Samamé, cotizador de la Subgerencia de Logística; Carlomagno Rodríguez Tuesta, exgerente de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Transporte; Ciro Ismael Delgado Sánchez, exgerente de Administración y Finanzas; y Joel Rodríguez Pereira, exgerente Municipal. Como cómplice primario figura el empresario Daniel Fernández Campos, de la firma Grupo Fernández Perú SAC.
Todo partió de un requerimiento de abril de 2024 para comprar diez motocicletas, con un valor referencial de S/151,650 (S/15,165 por unidad). La primera convocatoria fue declarada desierta por irregularidades documentarias de los postores. En la segunda convocatoria, según el requerimiento fiscal, Monje Fernández habría reducido la compra a seis unidades mientras mantenía el mismo presupuesto, pese a que las cotizaciones usadas como sustento correspondían en realidad a diez motos y a precios muy superiores.
Entre esas cotizaciones, el representante de una de las empresas (Ssenda Selva SAC) negó ante la fiscalía haber emitido la oferta que se le atribuye, y otra empresa (Negocios Damián EIRL) no tiene como actividad registrada la venta de vehículos. El resultado fue que cada motocicleta pasó de costar S/15,165 a S/25,000, pese a mantener las mismas especificaciones técnicas.
El 29 de octubre de 2024, el ciudadano Ronald Gonzáles Urbina denunció ante la fiscalía el Contrato N° 034-2024, el de las seis motos, por no detallar marca ni características y por el evidente sobreprecio. Días después, la propia Subgerencia de Logística detectó que Grupo Fernández Perú SAC había presentado documentos presuntamente falsos atribuidos al director comercial de Honda del Perú SAC, para acreditarse como concesionario autorizado de la marca.
Ante estos hallazgos, el entonces alcalde de José Leonardo Ortiz, Elber Requejo Sánchez, declaró la nulidad del Contrato N° 034-2024 mediante Resolución de Alcaldía del 13 de noviembre de 2024, y derivó el caso al Tribunal de Contrataciones del Estado, a un proceso disciplinario interno y a la Procuraduría Municipal. Ese expediente administrativo fue la base de la posterior acusación penal.
Penas
El Ministerio Público calificó el hecho como delito consumado y pidió cinco años de prisión, cinco de inhabilitación y 303 días-multa para los cinco funcionarios acusados como autores, y cuatro años de prisión, cuatro de inhabilitación y 242 días-multa para Daniel Fernández Campos. La reparación civil quedó a cargo de la Procuraduría Anticorrupción. El caso se tramita ante el Décimo Juzgado Anticorrupción de Chiclayo.
Situación
Uno de los propios postores, Grupo Fernández Perú SAC, alertó por escrito la contradicción entre 6 y 10 motos, y nadie la corrigió.
