El cobro de la merced conductiva a los comerciantes del mercado Modelo podría volver a discusión en la próxima sesión del Concejo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), agendada para el jueves de esta semana.
Según los últimos pedidos realizados a la alcaldesa, Janet Cubas Carranza, se espera que los funcionarios de las gerencias de Desarrollo Económico y Administración y de la Subgerencia de Contabilidad y Costos expongan la estructura de costos que justifica un monto de S/114.80, que los vendedores formales del Modelo empezarían a pagar desde septiembre.
“¿Ese valor se encuentra justificado? No lo sabemos exactamente. Para empezar los puestos no tienen las mismas características. Tenemos áreas de 2, 4 y 6 metros cuadrados, incluso mesas de venta. Aún hay una incertidumbre sobre el cobro y eso podría conllevar que, más adelante, otros actores cuestionen el monto fijado y la consecuencia sería una nueva dilación", indicó el regidor Carlos Gonzales García.
En una última sesión, desarrollada el viernes 21 de agosto, miembros del Concejo hicieron notar estas observaciones a Cubas, por lo que se espera una respuesta más a detalle.
Y no solo es dicho aspecto técnico, porque los regidores buscan conocer si la comuna determinará responsabilidades administrativas, ya que el cambio de ordenanzas, para la regulación de la merced, habría conllevado un perjuicio económico.
Los comerciantes de los once mercados de Chiclayo demandaron la derogatoria de la ordenanza N°016-2020, emitida en el gobierno de Marcos Gasco, pero que no se publicó. Una vez ello y para cubrir el vacío entró en vigencia otra vez la ordenanza N°017-2005, de la época del exalcalde Arturo Castillo.
“Hasta abril de este año se tiene el mecanismo anterior, pero no puedes considerar que los costos del 2005 se equiparan a los que corren 21 años después. Esto es necesario, porque los funcionarios de la alcaldesa solo dan informes según la situación, en un esfuerzo por demostrar que vienen trabajando el tema”, agregó Gonzales.
Este cuestionamiento abre la posibilidad de conocer el sustento legal, la deuda actual de los comercios, los montos dejados de percibir, y sobre quiénes recaerá la responsabilidad .
Poco serio
La posible acción legal que la alcaldesa Cubas podría emprender para convocar a una nueva junta de propietarios solo sería un distractor. “Esa gestión pudo hacerse en un inicio, ahí tuvo la oportunidad de pedir la liquidación de los pagos pendientes y las actas. Incluso podría haber acudido a la instancia judicial para desarrollar una asamblea de accionistas, y buscar la presidencia. Pero esa iniciativa, en este momento, llega muy tarde. Parece que en el gobierno quieren demostrar que hicieron algo“, anotó Gonzales.
