La Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) ha decidido llevar a un nuevo escenario su disputa con la Junta de Propietarios del Mercado Modelo. La alcaldesa Janet Cubas autorizó al procurador municipal Juan Huancas Muñoz a iniciar una estrategia legal que empieza con una conciliación extrajudicial y, si no existe acuerdo, contempla una demanda judicial para convocar a una nueva asamblea de propietarios. El plan incluye, además, solicitar una medida cautelar para suspender temporalmente a la actual directiva.
Recurso
El conflicto no se limita a una discusión sobre quién debe convocar una reunión. En el fondo está la disputa por la representación, fiscalización y administración de las áreas comunes del principal centro de abastos de Chiclayo. La Municipalidad sostiene que tiene la condición de copropietaria de esas áreas y que, por ello, integra la Junta de Propietarios y está legitimada para exigir su convocatoria, según documentos a los que accedió Correo.
La actual ofensiva legal tiene un antecedente directo. En noviembre del 2024, el Concejo Municipal aprobó un acuerdo para que la Municipalidad implemente acciones legales destinadas a que el Poder Judicial esclarezca su participación en la Junta de Propietarios del Mercado Modelo y determine su pretensión de asumir la presidencia de dicha organización.
La nueva resolución N.° 000459-2026 muestra que aquel conflicto no fue resuelto. Según la documentación municipal, el Despacho de Alcaldía afirma haber solicitado reiteradamente la convocatoria de la Junta de Propietarios, pero sostiene que encontró una negativa por parte de la actual presidenta, Mirtha Noemí Plasencia Alva. La comuna señala que remitió cartas notariales desde el 2023 hasta mayo del 2025 para insistir en sus pedidos.
El reclamo municipal tiene dos componentes, según el comerciante Julio Delgado. Por un lado, busca que se convoque a los propietarios para discutir la rendición de cuentas y la documentación vinculada con las cuotas ordinarias y extraordinarias, el presupuesto de gastos comunes y las presuntas deudas individualizadas. Por otro, plantea la revocatoria de la actual presidenta y de la junta directiva y, de ser aprobada, la elección de una nueva representación.
Disputa
El argumento central de la Municipalidad es registral y jurídico. La comuna sostiene que su condición de copropietaria de las áreas comunes está inscrita en la Partida N.° 11002008 y que, bajo el régimen de propiedad exclusiva y común, forma parte de la Junta de Propietarios. Sobre esa base, considera que la existencia de supuestas deudas no acreditadas no puede impedir el ejercicio de su derecho a solicitar una convocatoria.
“La posición de la municipalidad es que posee un derecho de propiedad inscrito que le permite participar en las decisiones sobre los bienes comunes y fiscalizar su administración. La Procuraduría Municipal considera que la negativa reiterada a convocar a una asamblea constituye una obstrucción y habilita la vía de convocatoria forzada”, interpretó el abogado Gianfrando Arbildo a Correo.
Pendiente
La Municipalidad también exige información sobre las cuotas, gastos comunes, presuntas deudas y libros de actas de la Junta. Busca conocer cómo se han administrado los recursos y sustentar su pedido de fiscalización.
El acceso a esta documentación será clave para determinar el alcance de la disputa y la eventual recomposición de la Junta de Propietarios.
“Urge que la municipalidad tenga el control del mercado que está en manos de privados. No se puede pensar en nuevo mercado mientras haya obstrucción de un grupo de comerciantes”, explicó el comerciante José Céspedes.
