Aún faltan respuestas para conocer la verdad en un caso de presunto acoso sexual que involucra a un asesor del gobernador regional, Jorge Pérez Flores.
Pero la máxima autoridad del Gobierno Regional de Lambayeque no ha tenido la mejor reacción, y al ser consultado sobre el tema respondió que posiblemente se trate de una patraña para afectar a su gestión.
Lo cierto, hasta la fecha, es que el GORE está obligado a esclarecer lo sucedido y ello solo se conseguirá a través de una indagación con el asesor señalado de nombre Franklin Santisteban, quien ha rechazado las sindicaciones en su contra.
La presidenta de la Comisión de la Mujer del Consejo Regional, Sujeily Camacho Fernández, señaló que hasta el último viernes no se tenía una respuesta formal desde el despacho del gobernador o de la oficina de Recursos Humanos.
“No se trata de un asesor FAG, es un personal que trabaja en el área del gobernador. Lo importante es que mientras más tiempo pase y no se tenga una certeza, crece el riesgo de que se esté atentando contra la libertad de una mujer. Aparentemente hay más hechos, pero los indicios presentados es de un solo caso”, detalló.
Camacho expuso lo sucedido ante el Consejo y en esa instancia se acordó solicitar una investigación al área correspondiente.
En aquel momento también se dio a conocer la denuncia ciudadana ingresada a una plataforma del Gobierno y las capturas de un chat de la aplicación Messenger.
Es una modalidad de delito. El jefe de la Oficina Defensorial de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, enfatizó que el acoso sexual en el ámbito de trabajo es una modalidad de violencia contra la mujer y está considerado como delito.
“Para eso están las investigaciones, por ley se tiene que dar un trámite y no se puede dar por negado lo sucedido.
La norma contra el acoso ordena que las entidades cumplan con investigar dentro de los plazos y las disposiciones que maneja cada organización”, expresó.
Correo conoció que este lunes 20, un equipo legal de la Defensoría del Pueblo visitará el Gobierno Regional para conocer los avances de la denuncia. “Corresponde que haya una evaluación y que se tomen acciones, si es necesario. La denuncia fue presentada el 9 de noviembre y ya estamos ingresando a la segunda semana”, dijo Hidalgo.
El protocolo de atención al hostigamiento sexual en el sector público señala que cualquier denuncia o queja será derivada o presentada al área de Recursos Humanos y esta se encargará de investigar para determinar si el hecho califica como acoso. Si el resultado es positivo, el siguiente paso es informar a la Secretaría Técnica, para que esta inicie el procedimiento disciplinario y emita un dictamen jurídico.
Lo último es emitir medidas preventivas o correctivas a los involucrados.
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