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A través de un comunicado, cinco regidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo exhortaron a la Contraloría y al Ministerio Público que inicien una investigación por la cuestionada compra de 14 compactadoras.
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Los concejales de oposición también criticaron que se haya exonerado al Consorcio Equipos y Soluciones Ambientales Perú del pago de cuantiosas penalidades a pesar de que incumplió el plazo de entrega establecido en el contrato.
Argumentos
El último viernes, la municipalidad aceptó otorgar una ampliación de plazo parcial al Consorcio bajo la causal de atraso y/o paralización no imputable al contratista.
Dos días después de conocerse la decisión, la gerencia municipal justificó lo sucedido asegurando que el Consorcio pudo sustentar un desabastecimiento temporal en su cadena de suministros para la fabricación de las cajas compactadoras.
Además, la contratista alegó que existieron restricciones sanitarias -debido al Covid-19- que afectaron la cadena de logística.
Pese a que los regidores de oposición advirtieron que esos argumentos no eran razonables a más de un año de haberse iniciado la pandemia, la municipalidad aceptó la solicitud de ampliación.
A este hecho se sumó que el Consorcio fue exonerado del pago de penalidades. Al conocer esto, los regidores Andrés Puell Varas, Percy Espinoza Gonzáles, Randy Vegas Díaz, Pamela Alva Carranza, Jony Piana Ramírez y Karina Villegas Campos rechazaron las decisiones tomadas por los funcionarios ediles.
Según sostienen, la ampliación del plazo a favor del Consorcio se ha “basado en criterios subjetivos y antojadizos, ajenos a los legítimos interés de la ciudad, afectando en cientos de miles de soles al presupuesto de la municipalidad”.
De acuerdo a los contratos firmados en noviembre pasado, el costo de la penalidad diaria por el incumplimiento en el plazo de entrega asciende a S/5,425.6 (para las 2 compactadoras de 21 metros cúbicos) y S/670,080 (para las otras 12 compactadoras).
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Si se aplica estos montos a las nuevas fechas de entrega que ha presentado el Consorcio, las penalidades sumarían S/1 millón 46 mil 948.
Parte de esta cifra supera el 10% del monto contractual y la municipalidad podría rescindir uno de los dos contratos, tal como señala el regidor Jony Piana.
“De rescindir el contrato, se podría cobrar la garantía de las cartas fianza que es otro 10% (del monto contractual). Es decir, se le ha exonerado (al Consorcio) del pago de penalidades más el cobro de cartas fianza”, explicó.
En su informe final, la gerencia de Asesoría Jurídica desestimó que la municipalidad deba pagar gastos generales derivados del otorgamiento de ampliación de plazo ya que el Consorcio no lo ha solicitado.
Sin embargo, Piana cuestionó esta versión debido a las contradicciones que ha mostrado la comuna y el propio alcalde, Marcos Gasco Arrobas, para seguir favoreciendo al Consorcio.
“Cuando hay una ampliación, eso supone que se incrementan los gastos generales. Esos gastos los asume una de las partes. En este caso, la municipalidad dice que la ampliación se da por causas no imputables a la empresa, entonces, tendrían que asumir los sobrecostos si el Consorcio lo pide”, agregó.
En ese sentido, el concejal lamentó que el Órgano de Control no haya actuado oportunamente para advertir el perjuicio ocasionado a la entidad.
De todos modos, los cinco regidores han solicitado a la Contraloría que revise de modo prioritario la decisión municipal. Además, exhortaron a “las instituciones jurisdiccionales correspondientes a que inicien las investigaciones necesarias para determinar cualquier hecho irregular o ilegal”.
