Presenta al Poder Judicial requerimiento contra exautoridades y exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria, por supuestas coimas que habrían recibido años atrás de representantes de empresas constructoras.
Presenta al Poder Judicial requerimiento contra exautoridades y exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de La Victoria, por supuestas coimas que habrían recibido años atrás de representantes de empresas constructoras.

Contra las cuerdas. El Ministerio Público solicitó 21 años de cárcel para el suspendido gobernador regional de Lambayeque, , por el presunto delito de cohecho pasivo impropio (recibir coima).

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Tras culminar la investigación de este emblemático caso, la fiscal Karim Ninaquispe Gil, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, presentó ante el Poder Judicial el requerimiento acusatorio contra 9 implicados.

En la lista también aparece el actual gobernador Luis Díaz Bravo, para quien solicitó 7 años de pena privativa de libertad, por el mismo delito.

Coimas

Según el expediente N° 540- 2021, los hechos ocurrieron en los años 2015 y 2016 cuando Lozano ejercía el cargo de alcalde del distrito de La Victoria; y Luis Díaz, se desempeñaba como segundo regidor.

Ambos han sido sindicados por colaboradores eficaces de haber recibido coimas de parte de representantes de empresas constructoras, a cambio de ser favorecidos con la adjudicación de millonarias obras.

En el caso de Lozano Centurión, se le imputa haber recibido dádivas de tres empresas: HERSACA, QUETZAL y AC & C. La pena propuesta por cada caso de cohecho es 7 años de cárcel, motivo por el cual la fiscal pide una sumatoria de 21 años.

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, el empresario Salomón Caján Aguinaga (HERSACA) habría entregado en suma S/ 327,000 al exburgomaestre, una de ellas incluso la habría dejado en el baño de la alcaldía de La Victoria.

Asimismo, el empresario Walther Vladimir Padilla Mera (QUETZAL) habría entregado coimas por más de S/82,000 al exalcalde, en las mismas oficinas de la comuna de La Victoria, siendo beneficiado con la adjudicación de ocho obras.

Por último, Alejandro Criollo Quispe (AC & C) habría cancelado un total de S/ 110.000 en dádivas, por haber sido favorecido con dos obras públicas.

Este empresario incluso resultó ganador de licitaciones en el Gobierno Regional de Lambayeque (GORE) por más de S/ 11 millones; pero habiendo presentado cartas de línea de crédito falsas, las cuales al ser descubiertas ocasionó la debacle del “Imperio del Mal”.

Acusados

Del mismo modo, Luis Díaz Bravo, es acusado de recibir una coima de S/ 45,000 del contratista Víctor Gonzales Fernández (Consorcio Chinchaysuyo), cuando ejercía el cargo de primer regidor de La Victoria, mientras el alcalde encargado era Leoncio Paucar Merino (Lozano dejó el cargo para postular al GORE).

Por el mismo motivo, la fiscal solicitó 7 años de cárcel para el último mencionado.

Asimismo, pidió 28 años de prisión para el exjefe de la División de Estudios y Proyectos, Dick Silva Ravinez (participó en los cuatro cohechos recibiendo las dádivas).

A su vez, la fiscal pidió 5 años de cárcel para los empresarios Alejandro Criollo y Víctor Gonzales, por cohecho activo genérico.