Gerente general del Gore enfrentará un proceso judicial.
Gerente general del Gore enfrentará un proceso judicial.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad efectiva contra el gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque, , por un presunto hecho de corrupción.

El requerimiento de acusación también alcanza al exalcalde de José Leonardo Ortiz (JLO), Wilder Guevara Díaz; asimismo, a los exregidores del municipio, María Bustamante Díaz, Carter Garrido Campos, María Cabrera Díaz, Hilder Fernández Jara, Idelso Vizcarra Muñoz, Wilson Fernández Obregón, James Prado Ayala, Lucero Guevara La Torre, y al empresario chino Yu Shi.

Los investigados tendrían responsabilidad en el delito de colusión simple.

De acuerdo a los hechos detallados en la carpeta fiscal, en mayo del 2019 el concejo municipal de JLO desarrolló una sesión donde los participantes aprobaron que Guevara Díaz firme un convenio con la empresa Jihuee EIRL, para la organización del “Festival de Luces Oso Panda” en la Plaza Cívica.

Además, el concejo exoneró  a dicha empresa del pago de tributos, pero esta decisión habría vulnerado la Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 40° establece que solo mediante ordenanza se puede suprimir o librar de la obligación de cancelar algún tributo.

Por aquel entonces, Nakano se desempeñaba como asesor de la gestión de Guevara y habría tenido participación en dicho trámite.

Es preciso señalar que Nakano ha negado participación delictiva en este hecho, porque la decisión final recaía en manos de los regidores.

También planteó recursos de queja contra el fiscal del caso, José Guevara Gilarmas, porque este continuó la investigación en su contra, pese a que -a su parecer- los medios de prueba son débiles.

Pese a las facilidades que tuvo la empresa Jihuee, esta cobró S/ 5.00 al público leonardino por el ingreso al Festival.

Cabe indicar que el fiscal del despacho Anticorrupción, José Guevara, también propone en su requerimiento que, además de condenas, se dicten penas de inhabilitación para ejercer cargo público por el periodo de seis años.

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